El acceso a la seguridad social para las mujeres trabajadoras de la artesanía-textil es prácticamente inexistente: tan solo el 2.4% tiene acceso a la seguridad social, para los hombres apenas aumenta a un 4.5%. Así lo revela el más reciente informe presentado por el consorcio UNIDAS, integrado por Oxfam México, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Ethos Innovación en Políticas Públicas y Fundación Avina.
El documento titulado “Tejiendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras de la artesanía-textil en México”, advierte que la precariedad laboral en el sector impacta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas artesanas, quienes trabajan bajo condiciones de informalidad, bajos ingresos, discriminación, exclusión económica y limitada protección social.
De acuerdo con los datos del informe, en 2024 la producción artesanal representó el 18.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector cultural y concentró el 30.2% del empleo en dicho ámbito (INEGI, 2025a), posicionándose como la actividad de mayor valor económico dentro del sector. A pesar de su relevancia cultural, comunitaria y ancestral, el ejercicio de esta labor no ofrece reconocimiento de derechos laborales ni seguridad social a su fuerza de trabajo.
Trabajo artesanal-textil carece de independencia; está sujeto a subcontratación e intermediación oculta
La investigación advierte que dicho subsector funciona bajo una lógica oculta de subcontratación e intermediarios que profundizan la situación de informalidad y precariedad laboral, especialmente para las mujeres artesanas. Aunque el 63.3% de las personas artesanas se identifican como trabajadoras independientes, esta categoría no necesariamente implica autonomía ni prosperidad.
Por un lado, las personas artesanas se enfrentan a canales de comercialización limitados y a los riesgos y restricciones del uso del espacio público para la venta, como los decomisos, desalojos o multas. Por otro lado, detrás de la supuesta independencia, existen patrones de comercialización asimétricos, esquemas de subcontratación ocultos, situaciones de intermediación abusiva y prácticas de plagio y apropiación cultural en las que las personas trabajadoras reciben una proporción mínima del valor final de sus productos.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2025, el 29.7% de las personas artesanas trabaja de manera subordinada; el 19.2% declara recibir un salario y el 76.5% indica laborar en empresas vinculadas a la industria indumentaria, lo que demuestra inserción directa en las cadenas productivas del sector, lo cual contrasta con el alto nivel de informalidad en el trabajo artesanal.
“No hay pagos justos… la necesidad económica las obliga a aceptar el regateo (precios impuestos por el cliente) para poder comprar nuevos materiales y no regresar a casa sin sustento.” Así lo sostiene una artesana de Chiapas entrevistada para la elaboración del documento.
Mujeres artesanas: son la principal fuerza de trabajo y enfrentan más desigualdad
Las mujeres artesanas constituyen la principal fuerza de trabajo del subsector y gran parte de su producción se realiza en espacios domésticos o comunitarios, lo que dificulta aún más el reconocimiento de su trabajo como una actividad laboral con acceso efectivo a derechos y protección social. Al mismo tiempo, enfrentan afectaciones diferenciadas derivadas de la sobrecarga de cuidados no remunerados, la discriminación étnica y territorial, así como de dinámicas de explotación comercial, apropiación cultural y violencia económica.
Estas desigualdades se reflejan de manera clara en los ingresos. Mientras las artesanas perciben un ingreso mensual promedio de 3,699 pesos, sus pares masculinos obtienen 7,399 pesos, prácticamente el doble (ENOE, 2025b). Esta brecha, se profundiza aún más por ser un subsector caracterizado por altos niveles de informalidad y escasa regulación, donde predominan el pago por pieza, la ausencia de contratos y la falta de tarifas estables.
Las condiciones de inserción laboral también muestran importantes brechas de género. De acuerdo con la ENOE 2025, el 79.5% de las mujeres artesanas textiles trabaja en micronegocios establecidos en sus domicilios, frente al 49.2% de los hombres. Además, el 96.6% de las mujeres trabaja en condiciones de informalidad, en comparación con el 83.6% de los hombres. Asimismo, únicamente el 2.4% de las artesanas cuenta con acceso a seguridad social, mientras que el 12.4% de los hombres sí tiene esta prestación (ENOE, 2025b).
A estas condiciones se suma una carga de cuidados y trabajo doméstico 43.6% mayor que el promedio nacional de las mujeres, lo que restringe el tiempo disponible, la capacidad productiva, la organización colectiva y la autonomía económica de las artesanas (INEGI, 2025b).
Hacia la construcción de una política laboral flexible y culturalmente pertinente
Los modelos convencionales de protección social resultan insuficientes para el subsector artesanía-textil, a la par que contribuyen a reproducir su exclusión. Frente a tales limitaciones, las artesanas han desarrollado formas comunitarias de protección social basadas en redes de cuidados, solidaridad y organización colectiva. Sin embargo, esto no sustituye la responsabilidad del Estado en la garantía de derechos.
Por su parte, UNIDAS plantea la necesidad de reorientar la política laboral, cultural y económica hacia el reconocimiento del trabajo artesanal en esos ámbitos. Esto implica avanzar hacia modelos de protección social, comercialización y desarrollo territorial flexibles, culturalmente pertinentes y adaptados a las realidades específicas de las mujeres artesanas para que realmente contribuyan a reducir las desigualdades estructurales que atraviesan.
En este proceso, la política pública debe funcionar como un puente colectivo que acompañe, fortalezca y contribuya a replicar los mecanismos comunitarios que ya sostienen el trabajo, los cuidados y la vida en los territorios, en lugar de sustituirlos o imponer modelos externos desvinculados de las formas de organización y los saberes de las propias comunidades.
Las propuestas de UNIDAS incluyen:
- Promover el reconocimiento del trabajo artesanal como trabajo con derechos.
- Fortalecer modelos territoriales y comunitarios de protección social y cuidados.
- Fortalecer la articulación interinstitucional y la gobernanza del sector desde un enfoque territorial y comunitario.
- Incorporar la voz de las artesanas en la política pública mediante mecanismos vinculantes.
- Mejorar la producción y uso estratégico de información desagregada desde metodologías participativas.
- Impulsar la corresponsabilidad empresarial y modelos económicos justos.