México aún enfrenta importantes desafíos para garantizar la integración de las personas en situación de movilidad. El primer Índice de Integración de Personas en Situación de Movilidad (IIPSM) obtuvo una calificación de 0.60 en una escala del 0 al 1, lo que representa una brecha de 40% para alcanzar condiciones similares a las de la población mexicana, sin discriminación ni exclusión y con acceso efectivo a derechos y oportunidades.
El informe, elaborado por RacismoMX (Acción Antirracista, A.C.), con el apoyo de Hispanics in Philanthropy y el Fondo Comunidades de Acogida, revela que la integración está condicionada por factores como la nacionalidad, el origen étnico, el tono de piel, la situación económica y las redes de apoyo. Las personas desplazadas y quienes provienen de otros países de América Latina y el Caribe enfrentan las condiciones más desfavorables.
Los hallazgos cobran relevancia en un país donde se estima que viven más de 1.2 millones de personas migrantes y que se ha consolidado como territorio de origen, tránsito, destino y retorno.
Las encuestas institucionales no consideran aspectos fundamentales de los procesos migratorios, como las razones por las que una persona tuvo que migrar. La mayor parte de la movilidad en México es interna, es decir, ocurre entre estados; además, 12% corresponde a personas desplazadas que no reciben atención de ninguna institución específica. También existe la idea equivocada de que la mayoría de las personas migrantes internacionales que viven en México proviene de Centroamérica, cuando en realidad procede de Estados Unidos”, explicó Dan Centli, consultor de RacismoMX.
Uno de los resultados más preocupantes se encuentra en materia de seguridad: 6.66% de las muertes de personas nacidas en el extranjero corresponde a homicidios, casi el doble del 3.46% registrado entre quienes nacieron en México. También presentan una mayor proporción de muertes por accidentes y suicidios. Sin embargo, la falta de información oficial impide conocer con precisión la violencia y las barreras de acceso a la justicia que enfrenta esta población.
“El hecho de que no existan datos suficientes no significa que no existan. Si no conocemos esta realidad, no podemos tener la posibilidad de abordar las problemáticas que existen sobre la migración”, señaló Amarilis Acevedo, de Casa Centroamérica.
En el ámbito laboral, las personas migrantes reportan una negación injustificada de empleo cuatro veces mayor que la población local: 9.8% frente a 2.3%. Cerca de 60% percibe discriminación al buscar trabajo y 22% de la población mexicana manifiesta poca o ninguna disposición para contratar a una persona migrante o refugiada.
Las personas desplazadas enfrentan el escenario más crítico: 22.1% ha experimentado la negación de un empleo y 72.4% percibe discriminación laboral, lo que muestra que las oportunidades también están atravesadas por prejuicios relacionados con la nacionalidad, el acento, el origen étnico y el tono de piel.
“Los procesos de integración dependen, en igual o mayor medida, de la sociedad de acogida y de las condiciones que ofrece a quienes llegan. La población en movilidad no es un grupo homogéneo: incluye a personas desplazadas, migrantes de otros países, provenientes de Estados Unidos y retornadas, cada una con experiencias y dinámicas distintas. Por ello, es necesario preguntarnos a qué derechos puede acceder cada grupo. La integración va más allá del empleo; también comprende derechos políticos y culturales. En este proceso influyen factores como el origen étnico, la racialización y la lengua”, señaló José Antonio Aguilar, director de RacismoMX.
Las desigualdades se extienden a otros derechos. Alrededor de 16% de las personas desplazadas y migrantes de otros países ha enfrentado la negación de servicios financieros, más del doble del 6.2% registrado entre la población local. En vivienda, 4.9% de las personas migrantes reporta discriminación al buscar un hogar, casi tres veces más que la población local.
En educación, 48.1% percibe discriminación en las escuelas, porcentaje que aumenta a 63.9% entre las personas desplazadas. En salud, casi la mitad considera que existe discriminación hacia su grupo en los centros de atención y 36.3% percibe que no puede acceder a servicios públicos.
“Hemos visto cómo las narrativas en torno a la migración se han vuelto cada vez más criminalizadoras, lo que ha influido en decisiones orientadas al cierre de fronteras. Lo más grave es la deshumanización: existen más discursos que deshumanizan a las personas migrantes que conversaciones sobre acogida e integración. Esto genera nuevas barreras, vuelve la migración más riesgosa y dificulta la reconstrucción de los proyectos de vida. Ante los vacíos estadísticos y la falta de información oficial, este índice busca aportar datos que permitan comprender mejor la realidad de las personas en situación de movilidad en México”, afirmó Andrea Villaseñor, directora de Migraciones LATAM de Hispanics in Philanthropy.
El Índice analiza la integración económica, social, de seguridad y acceso a la justicia a partir de información oficial, testimonios y grupos focales. Además, advierte que hablar de la población migrante como un grupo homogéneo oculta las diferentes experiencias de exclusión y racialización que viven las personas en movilidad.
Ante estos hallazgos, RacismoMX plantea incorporar variables sobre movilidad humana en censos, encuestas y registros administrativos; fortalecer las capacidades de la COMAR; agilizar la regularización migratoria; eliminar barreras para acceder a educación, salud, empleo y servicios financieros, y crear mecanismos efectivos para denunciar actos de discriminación.