En medio de una discusión trascendental como es el posible impulso al fracking en México, que afectaría más de 7 millones de hectáreas y a más de 6 millones de personas que habitan en las regiones con potencial para la extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, es inadmisible que no haya información pública que indique las comunidades específicas que serían afectadas y las fuentes de agua.
Durante la presentación del informe Fracking sin coordenadas públicas, elaborado por la organización CartoCrítica, Manuel Llano, director de la organización, señaló que la última información pública detallada sobre áreas, bloques y recursos no convencionales dejó de actualizarse alrededor de 2018, y en 2024, ante una solicitud de información, la autoridad respondió que la ubicación era información reservada, aunque parte de ella ya había sido pública.
Frente a ese vacío, CartoCrítica revisó información oficial publicada por Pemex, la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía desde 2012 y reconstruyó la geografía del interés no convencional en el país.
Como resultado del análisis de la información se halló que más de 6 millones de personas habitan en las zonas con potencial de fracking y su radio de impacto a la salud en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
De esos seis millones de habitantes, 1.25 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, lo que limita su capacidad de respuesta ante una emergencia ambiental. Otras 1.5 millones son mujeres en edad reproductiva y 591 mil corresponden a niñas y niños en primera infancia, que son los grupos más vulnerables a los disruptores endócrinos y los daños al desarrollo prenatal que la evidencia científica internacional ya documenta en zonas con fracking.
Asimismo, 877 mil personas que habitan en las regiones con potencial de la práctica de fracking son hablantes de alguna lengua indígena (teenek, nahua, otomí, tepehua, totonaco y kikapú), cuyos territorios colectivos quedarían directamente expuestos.
A esto se suma que más de la mitad de esa superficie se asienta sobre acuíferos sobreexplotados o en riesgo de serlo, y que 28% del área (2,405 ejidos y bienes comunales) es propiedad social, lo que significa que cualquier despliegue de la técnica implicaría negociaciones, servidumbres y disputas territoriales sobre tierras que no son baldíos administrativos, sino propiedad social de comunidades indígenas y campesinas.
El análisis también desmonta la idea de que el fracking representa un solo tipo de riesgo. Las tres provincias petroleras donde se concentra el interés no convencional enfrentan barreras de naturaleza distinta:
- Sabinas-Burro Picachos (Coahuila, Nuevo León): el 100% del agua que demandaría el fracking recaería en acuíferos sin disponibilidad actual. El 83% de su superficie ya tiene estrés hídrico alto o extremo.
- Burgos (Nuevo León, Tamaulipas): el mayor riesgo es la dispersión de la población rural: 2,651 localidades rurales cargarían con la industria, en una región donde casi 1 de cada 5 viviendas rurales no tiene drenaje.
- Tampico-Misantla (San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla): el conflicto es territorial, el fracking atravesaría 2,081 ejidos y bienes comunales y los territorios de 871 mil hablantes de lengua indígena (teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco). No es un trámite administrativo: es una alteración permanente de la continuidad territorial y la vida colectiva.
“No estamos ante el mismo problema repetido en tres regiones distintas, sino ante tres conflictos distintos que comparten una misma conclusión: en ninguna de las tres provincias el fracking resulta viable sin imponer costos permanentes sobre el agua, la tierra o los pueblos que las habitan», señaló Manuel Llano, director de CartoCrítica.
José Rafael Flores, investigador de CartoCrítica, explicó que “no vale la pena impulsar una técnica tan contaminante como el fracking para la extracción de gas y petróleo de fuentes no convencionales, porque solo servirán para abastecer el consumo del país de estos combustibles fósiles por 5 o 6 años, y las afectaciones al ambiente, al agua y a las comunidades serán permanentes e irreversibles”.
Por su parte, Beatriz Olivera, investigadora y directora de Engenera AC, refirió que “en la discusión sobre la viabilidad del fracking en México se deben analizar los impactos sociales y ambientales. No solo se trata de un tema técnico, porque se si se impulsa el fracking se pondrá en riesgo el abasto de agua para millones de personas, se contaminarán tierras cultivables y el aire que respiran las personas que habitan en esas regiones”.
Resaltó que los impactos de las industrias extractivas, particularmente la de hidrocarburos, es diferenciado y afecta más a las mujeres y a las infancias. Las mujeres siguen desempeñando roles de género marcados por estructuras patriarcales como la gestión del agua para las labores del hogar, y con una industria que consume enormes volúmenes de agua y la contamina, afectarán directamente las labores que realizan preponderantemente las mujeres.
También llamó a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, a cumplir con su promesa de campaña de prohibir el fracking en México. “Millones de personas, muchas de ellas del sector rural que serían afectadas por esta técnica de extracción de hidrocarburos, le dieron su voto por ese y otros compromisos como prohibir también la minería a cielo abierto, y no hacerlo representaría una traición”.