La crisis de medicamentos que enfrenta México bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación ha alcanzado también a las Fuerzas Armadas. Según reveló El Universal, la Secretaría de la Defensa Nacional únicamente surte el 56% de las recetas médicas, dejando sin atención farmacológica completa a miles de derechohabientes.
El problema no es aislado. El fracaso del INSABI, posteriormente desaparecido; las deficiencias del IMSS-Bienestar; la inoperancia de la Mega Farmacia del Bienestar y las irregularidades en las compras consolidadas de Birmex evidencian una profunda crisis de planeación, administración y transparencia. Tan solo en 2025, el IMSS dejó de surtir casi ocho millones de recetas, mientras auditorías gubernamentales detectaron posibles daños patrimoniales por 419.5 millones de pesos en Birmex.
Pero en la SEDENA podrían existir problemas todavía más graves. A esta crisis se suman señalamientos sobre un mecanismo de corrupción y extorsión a proveedores que involucraría a la Coronel Enfermera de Estado Mayor Blanca Jiménez Zenteno y al Capitán Arriaga, responsable del área de investigaciones de mercado.
De acuerdo con dichos señalamientos, ambos funcionarios estarían restringiendo deliberadamente la competencia mediante estudios de mercado cerrados, requisitos excluyentes y presuntos cobros indebidos a empresas para permitirles cotizar o participar en procedimientos de contratación.
Uno de los casos que requiere especial atención es la contratación del servicio de diálisis peritoneal para el Hospital Central Militar y hospitales militares regionales, por más de 250 millones de pesos. Se denuncia un intento de favorecer mediante adjudicación directa a Baxter Healthcare México, bajo el argumento de que ningún otro proveedor cumple los requisitos, circunstancia que debe verificarse mediante una revisión independiente de los estudios de mercado y las condiciones de participación.
Resultaría particularmente grave que, mientras los pacientes enfrentan desabasto y dificultades para acceder a tratamientos indispensables, existieran prácticas destinadas a limitar la participación de proveedores y beneficiar intereses particulares.
La SEDENA debe investigar estos señalamientos, transparentar los procedimientos de contratación y garantizar que cada peso destinado a la salud se traduzca en medicamentos, tratamientos y atención oportuna. El desabasto ya es una crisis nacional.