A un año de la denuncia popular presentada ante autoridades federales por comunidades mayas de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on (Somos Agua), persisten demandas sin resolver y respuestas insuficientes frente a los señalamientos de contaminación ambiental y riesgos para la salud relacionados con la actividad porcícola en Yucatán.
Asimismo, esta situación adquiere mayor relevancia ante los resultados de un estudio de calidad del agua realizado por Greenpeace México en agosto de 2026, mediante el monitoreo comunitario y análisis de laboratorio acreditado en 17 sitios de muestreo, entre pozos y cenotes, de las localidades Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz.
Dichos estudios refuerzan la preocupación por la vulnerabilidad del acuífero maya y la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental, sin perder de vista que las responsabilidades ya identificadas previamente requieren de acciones contundentes sobre las mega granjas porcinas denunciadas, así como continuar con la investigación para identificar otras fuentes específicas de contaminación.
El acuífero maya, bajo presión
La Península de Yucatán depende fundamentalmente del agua subterránea para el consumo humano, las actividades productivas y el sostenimiento de sus ecosistemas. Su suelo kárstico, caracterizado por la roca caliza porosa y la conexión entre cenotes, cuevas y corrientes subterráneas, facilita la infiltración de contaminantes desde la superficie hacia el acuífero.
De acuerdo con el informe de Greenpeace México, las pruebas de laboratorio identificaron concentraciones de nitratos en la mayoría de las muestras, incluso dos de ellas superiores a la referencia de 50 mg/l establecida por la Organización Mundial de la Salud (en dos muestras, una de Motul y otra de Chocholá). Asimismo, se detectaron elevadas concentraciones de demanda química de oxígeno, fósforo y sólidos suspendidos en distintos sitios. Todos estos indicadores, analizados en conjunto, evidencian una importante carga de contaminantes en determinados puntos de la región.
En el ámbito microbiológico, 16 de las 17 muestras alcanzaron el límite superior de medición para coliformes totales, mientras que 13 registraron valores superiores a 1,800 NMP/100 ml de coliformes fecales. Cuatro muestras alcanzaron el límite superior de medición para enterococos fecales. Todos estos niveles altos, y muy altos, incluyen la presencia de bacterias peligrosas y causantes de enfermedades.
El estudio señala que estos resultados son compatibles con contaminación fecal de origen animal de diversos orígenes, pero advierte que los datos disponibles, debido a la metodología del estudio, no habían identificado la procedencia certera de las excretas contaminantes. Sin embargo, otros dos estudios elaborados en 2024 y 2026 por la Red To’one Ja’o’on en cinco puntos coincidentes de los municipios de Mérida, Izamal, Kinchil, Chapab y Maxcanú, permitieron confirmar que el origen animal de la contaminación es la masiva materia fecal de cerdos (utilizando el método Pig2Bac), en los prestigiosos laboratorios del Instituto Johns Hopkins (Estados Unidos) y de la UNAM.
Por ello, resulta indispensable que las autoridades competentes, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de protección al Ambiente (PROFEPA) fortalezcan y amplifiquen el monitoreo, investiguen con rigurosidad y determinen canales institucionales de seguimiento y actuación para combatir esta problemática, con base en evidencia verificable.
Para la Red To’oné Ja’o’on, estos resultados se suman a las preocupaciones expresadas en los años recientes por parte de las comunidades mayas sobre los posibles impactos de las mega granjas porcícolas en el agua, el territorio, la salud y las actividades agrícolas, así como a las exigencias de una vigilancia ambiental efectiva.
Un año de denuncia y procedimientos pendientes
Representantes de Chocholá, Kinchil, Santa María Chí, Dzununcán y Maxcanú, entre otras, han revisado los avances de los procesos legales, las acciones de monitoreo de la calidad del agua y las medidas relacionadas con la reparación del daño ambiental.
La Red señala que a un año de haber presentado denuncia popular, la PROFEPA, la CONAGUA y la SEMARNAT continúan incumpliendo sus obligaciones en materia de inspecciones, resultados de procedimientos administrativos, aplicación de sanciones y, cuando corresponda conforme a la normativa, clausura de instalaciones reincidentes y reparación integral del daño.
Entre los casos documentados y denunciados se encuentran las granjas porcícolas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en San Fernando, Maxcanú; y los complejos porcícolas de Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cercanos a Kinchil y a Celestún.
De acuerdo con la información revisada por la Red, algunos de estos casos cuentan con antecedentes de inspecciones, irregularidades detectadas, multas y clausuras temporales. También se reportó una nueva inspección de la PROFEPA a instalaciones de las granjas GARY y MOBA en junio de 2026, cuyos resultados no han sido dados a conocer, pues se encontraban en análisis al momento de la elaboración del boletín.
Para las comunidades, la existencia de expedientes administrativos no es suficiente si éstos no se traducen en medidas efectivas para prevenir la contaminación, proteger las fuentes de agua y garantizar que las empresas responsables cumplan con sus obligaciones ambientales.
Cabe destacar que, pese a la insistencia de las comunidades en establecer un mecanismo de diálogo y seguimiento transparente con la PROFEPA, esta institución federal ha sostenido reuniones bilaterales con empresarios del sector porcícola y con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán (SDS), sin la participación de los pueblos afectados. Como resultado de dichas reuniones, se suscribió el Convenio Específico de Coordinación para fortalecer la gestión integral y sustentable de la evaluación del impacto ambiental en el establecimiento y operación de las unidades de producción porcícola, mediante el cual los gobiernos federal y estatal acordaron trasladar competencias al gobierno de Yucatán para que asumiera atribuciones en la autorización y el monitoreo de las unidades de producción porcícola. Este acuerdo se adoptó sin la consulta y participación de las comunidades afectadas, y fue impugnado por la Red To’oné Ja’o’on mediante un juicio de amparo, en el que la Jueza Tercera de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva.
Estos hechos ponen en entredicho la voluntad institucional de la PROFEPA de combatir y sancionar las afectaciones ambientales derivadas de la actividad porcícola, particularmente cuando sus actuaciones y acuerdos se llevan a cabo sin garantizar la participación efectiva de los pueblos afectados.
Nuevos focos de preocupación
A la problemática acumulada se suma la situación posterior al cierre de la granja porcícola Santa María y/o San Gerardo, en Santa María Chí. Según la información difundida por la Red, está pendiente el estudio del daño ambiental para la reparación integral del daño ocasionado en esa comunidad. Asimismo, en septiembre de 2026 según información de Jaltún y Por Esto! se procedió al traslado de miles de cerdos a instalaciones ubicadas en las zonas de Tebacal y San Antonio Tzacala, aproximadamente a 15 kilómetros de Molas, vinculadas con la misma empresa que operaba la granja clausurada.
La probable reubicación de esta mega granja genera inquietud por sus implicaciones para las comunidades cercanas y para la Reserva Ecológica Cuxtal, en cuyo territorio se encuentra Molas y que constituye una zona estratégica para el abastecimiento de agua para la ciudad de Mérida.
Ante este escenario, la Red To’oné Ja’o’on exige que las autoridades hagan cumplir en forma oportuna la reparación integral de los daños causados en Santa María Chi, que se rinda informes justificados en los juzgados correspondientes, se esclarezca el traslado de animales y operaciones que afectarán a otras comunidades, verifiquen el cumplimiento de las disposiciones ambientales y hagan públicos los resultados de las inspecciones correspondientes, con participación de las comunidades potencialmente afectadas.
Una problemática que trasciende el ámbito local
La preocupación por los impactos socioambientales de las actividades agroindustriales en la Península de Yucatán también ha sido expresada en el ámbito internacional.
Durante su visita oficial a México en marzo de 2026, Marcos Orellana, entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, recorrió distintas localidades y abordó en su Informe final presentado durante la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU los riesgos asociados con actividades agroindustriales, entre ellas la producción porcícola, por sus posibles efectos sobre el agua, la salud y el medio ambiente.
Entre los factores de preocupación reportados se encuentran la cercanía de instalaciones industriales a comunidades indígenas, el manejo y disposición de grandes volúmenes de excretas y aguas residuales, así como la vulnerabilidad del suelo kárstico y de los sistemas de agua subterránea. Destacando que la mayoría de estas mega granjas porcícolas se han instalado sin autorizaciones ambientales ni procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
En este contexto, el entonces relator respaldó la necesidad de considerar una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental para la península de Yucatán, propuesta impulsada por pueblos mayas y organizaciones de la sociedad civil desde 2024.
Por su parte, el informe de Greenpeace México plantea también a nivel nacional e internacional la necesidad de adoptar medidas preventivas ante la degradación del acuífero, fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la normativa ambiental, proteger los derechos de las comunidades indígenas y establecer una moratoria inmediata a nuevas instalaciones y ampliaciones de la producción ganadera industrial en la Península de Yucatán.
Las exigencias de las comunidades mayas
Ante los resultados del monitoreo, los procedimientos pendientes y los nuevos focos de preocupación, la Red To’oné Ja’o’on demanda a las autoridades competentes:
- Inspecciones ambientales efectivas y transparentes en las megagranjas señaladas, con publicación de sus resultados y de las medidas adoptadas.
- Información pública sobre los procedimientos administrativos iniciados durante 2025 y 2026, incluidas las sanciones impuestas y su cumplimiento.
- Monitoreo independiente, periódico y participativo de la calidad del agua, en pozos, cenotes y otras fuentes de abastecimiento de las comunidades, así como en las zonas cercanas a instalaciones porcícolas.
- Investigación de la mortandad de peces reportada en la laguna ubicada entre Kinchil y Maxcanú, a fin de esclarecer sus causas y determinar posibles responsabilidades.
- Información verificable sobre el traslado de cerdos y operaciones porcícolas desde Santa María Chí hacia instalaciones en las zonas de Tepacal y San Antonio, cercanas a Molas y a la Reserva Ecológica Cuxtal.
- Reparación integral del daño ambiental en Santa María Chí, con medidas de restauración y garantías de no repetición.
- Investigación y sanción de las instalaciones que incumplan la normativa ambiental, así como su clausura cuando legalmente corresponda.
- Protección efectiva de los derechos de los pueblos mayas, incluido su derecho al agua limpia, a un medio ambiente sano, a la información y a la participación en las decisiones que puedan afectar sus territorios.
- Adopción de medidas preventivas frente a la expansión de la producción porcícola industrial, en concordancia con las recomendaciones de protección del acuífero y los ecosistemas de la península.
A un año de la denuncia, la Red To’oné Ja’o’on sostiene que las comunidades no pueden seguir esperando mientras persisten los daños y afectaciones por la mala calidad del agua y la protección de sus selvas y territorios. Los resultados del monitoreo ambiental realizado por Greenpeace México refuerzan la urgencia de contar con información pública, investigaciones rigurosas y acciones coordinadas entre las autoridades.
El agua es un bien común y un derecho fundamental. Las comunidades mayas no exigen nuevas promesas: exigen acciones, resultados, vigilancia ambiental efectiva y reparación del daño. Defender el acuífero es defender la salud, el territorio y el futuro de los pueblos de Yucatán.