Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex; Sofía Ramírez. directora de México ¿Cómo Vamos?; y Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de
Negocios, destacan que el libro es una guía para la reflexión y un llamado a la acción.
El sistema laboral de México se ha caracterizado por décadas de productividad estancada, así como la exclusión y la precariedad de la mayoría de las personas que trabajan, situaciones
que producen pobreza.
Durante los últimos 30 años, al igual que varios países de América Latina y el Caribe, México ha registrado un aumento de su fuerza laboral, de la participación femenina, de la mejora
salarial, pero aun así pierde vigor al registrar modestos avances.
Estos y otros aspectos abordan el libro Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe,
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual fue presentado hoy en un evento organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En el evento, David Kaplan, coautor y especialista en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, destacó que el estudio permite identificar, discutir los hallazgos y
las recomendaciones más relevantes sobre México en relación con las regulaciones al trabajo asalariado, especialmente en relación con los costos del despido y la necesidad de un seguro
de desempleo; el modelo de seguro social que representa un impuesto sobre nómina, pues los servicios de salud deben financiarse con impuestos generales; así como la importancia de
fortalecer la educación técnica en el nivel medio superior como una opción para personas jóvenes y para el desarrollo del país.
El estudio del BID se sustenta en tres décadas de datos estadísticos comparables, numerosos diagnósticos y años de trabajo en políticas públicas, apoyo a reformas laborales y de
pensiones, hasta la asistencia en los sistemas de protección social.
Destaca que los empleos son más que una fuente de ingresos, ayudan a las personas a desarrollar habilidades, gestionar riesgos y los convierte en la herramienta más importante
para reducir la pobreza y la desigualdad, por tanto, el buen funcionamiento del sistema laboral constituye una medida relevante e indispensable para el desarrollo.
Por tanto, se requiere un cambio de rumbo que exigirá medidas decididas y una ruptura con los marcos de políticas heredadas del siglo pasado.
Kaplan destacó que la política laboral es crucial para mejorar la productividad.
“La tendencia en la región es de un crecimiento muy lento en la productividad; es importante destacar que el futuro económico dependerá básicamente de la productividad”, indicó.
Refirió que el escenario hace necesario una serie de reformas estructurales que se pueden alcanzar de manera gradual, ya no solamente enfocadas en el tema del salario mínimo, sino
en las negociaciones colectivas, en la reducción de la informalidad y en el desarrollo de habilidades para las personas que trabajan, entre otras.
Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que el trabajo digno es la vía indispensable para reducir la pobreza y considero
especialmente valiosos los hallazgos y recomendaciones del estudio para entender que ahora el seguro social protege al empleo formal y no a las personas, que genera un impuesto que
encarece la creación de empleo y que convierte el derecho humano a la salud en una prestación laboral.
“La reforma que revalore y actualice los bachilleratos técnicos como el Conalep y la revisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que realmente contribuya a la inserción
laboral de jóvenes con barreras a la empleabilidad, son urgentes para lograr las metas del Plan México e impulsar el desarrollo inclusivo del país.
Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, expuso que los trabajos informales en muchos casos corresponden a personas en micro negocios, por lo que en las tareas para
reducir la informalidad se deben tomar diversas medidas.
“El estancamiento en la productividad está relacionado con la falta de inversión y, por la falta de confianza para invertir, falta de reglas para que las unidades económicas puedan crecer
más rápido; la apertura de negocios se ha hecho más difícil, así como la falta de acceso a créditos y falta de competencia económica”, comentó.
En tanto Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, agregó que el sector empresarial ha sido impulsor de cambios laborales a favor del bienestar de los trabajadores,
no sólo por la recuperación del salario mínimo, sino también por la iniciativa para la adopción voluntaria del ingreso digno y la creación del Consejo Social, Económico y Ambiental donde
se promueve el diálogo social entre las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales.
“Coincidimos en que la productividad y el bienestar de los trabajadores debe ser y es la misma agenda, la persona debe estar al centro de las decisiones. La reducción de la informalidad
lleva décadas estancada, y ahí está el verdadero pendiente para el país; el mejor programa social en México para la reducción de la pobreza debe de ser el empleo formal”, sostuvo.
Por su parte, Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, planteó que los retos a tomar en cuenta es lograr que un trabajador viva sin vulnerabilidad,
avanzar en la productividad es lograr que un trabajador esté en paz, no solamente en temas laborales, también en salud, educación y otros ámbitos de carácter social.
“Debemos estarnos preparando para lo que viene: el cambio demográfico nos va a afectar en algún momento en tema de pensiones, y también la inteligencia artificial; debemos tener ya
un plan, gobierno y empresas, para captar a toda la gente que con este cambio tecnológico le va a ser difícil adquirir nuevas habilidades e insertarse en el mercado laboral”, comentó.
En el evento se destacó que el estudio no pretender ser sólo una contribución analítica, sino una invitación a la acción, dirigida a los gobiernos, los interlocutores sociales y las
instituciones que configuran el mundo del trabajo, porque los responsables de formular políticas públicas pueden encaminar al país hacia un mayor crecimiento de la productividad,
que se traduzca en mejores condiciones laborales y una protección social más sólida.
