Casi la mitad de las personas jóvenes en México enfrenta barreras estructurales para construir una vida digna. Hablamos de 14.9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que están fuera de la escuela y sin trabajo, laboran en condiciones precarias o viven en pobreza, y cuentan con 12 años o menos de escolaridad. Para dimensionar lo enorme de esta cifra, podríamos llenar por completo el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) cada semana durante más de tres años y todavía faltarían jóvenes por ocupar un lugar.
Desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno rechazamos las narrativas que responsabilizan individualmente a las personas jóvenes por no estudiar, no encontrar empleo o trabajar en condiciones precarias. Esta situación no se explica por falta de esfuerzo ni de aspiraciones. Sus trayectorias están condicionadas por barreras estructurales que no eligieron, como el ingreso de sus hogares, el territorio donde viven, las responsabilidades de cuidado que llevan a cabo, la discriminación y el acceso desigual a educación, protección social y empleos de calidad.
Aunque la cifra ha disminuido, el avance sigue siendo demasiado lento. En los últimos cuatro años, el número de jóvenes en estas condiciones se redujo apenas en 1.5 millones de personas. Si México mantuviera este ritmo, tomaría cerca de 40 años (prácticamente dos generaciones completas) cerrar esta brecha. Una persona joven que hoy tiene 20 años estaría cerca de cumplir 60 antes de que el país lograra revertir esta situación.
En México, el origen socioeconómico sigue marcando quién puede continuar estudiando. Mientras el 95% de las personas jóvenes de 15 a 17 años que viven en hogares de mayores ingresos sigue estudiando, la proporción cae a 59% entre quienes pertenecen a hogares con menores ingresos. Para dimensionar esta brecha, si reuniéramos a 20 jóvenes de cada grupo, aproximadamente 8 de quienes provienen de hogares con menores ingresos ya habrían dejado la escuela, frente a solo 1 entre quienes viven en hogares de mayores ingresos.
Entre los 18 y 20 años, la desigualdad se amplía, continúa estudiando el 69% de las personas jóvenes de mayores ingresos, frente a solo el 24% de quienes viven en hogares de menores ingresos. Además, el 51% de las personas jóvenes no ha concluido la Educación Media Superior, lo que limita sus oportunidades de acceder a empleos dignos y de calidad.
La precariedad no debe normalizarse como una etapa inevitable de la vida laboral ni como el precio que las personas jóvenes tienen que pagar para adquirir experiencia. De los 15.4 millones de personas jóvenes con trabajo, el 60% labora en la informalidad, es decir, alrededor de 9.2 millones de jóvenes, casi tantas personas como toda la población que vive en la Ciudad de México.
Además, el 61% no cuenta con seguridad social. En México, el acceso a esta protección sigue estando condicionado, en gran medida, a contar con un empleo formal. Aunque se han registrado avances hacia una cobertura más universal, está todavía no es una realidad para la mayoría. En la práctica, esto significa que casi dos de cada tres jóvenes que trabajan no tienen garantizada la atención si se enferman o sufren un accidente de trabajo.
Las labores de cuidado en el hogar también excluyen, y afectan principalmente a las mujeres jóvenes. De los 4.9 millones de personas jóvenes que están fuera de la escuela y sin trabajo, 3.7 millones son mujeres. Esto significa que, por cada cuatro jóvenes en esta situación, tres son mujeres. Además, 3.3 millones están fuera de la escuela y del trabajo debido a las responsabilidades de cuidado que asumen en sus hogares.
No habrá igualdad educativa y laboral sin corresponsabilidad y redistribución social de los cuidados, servicios públicos suficientes y políticas que permitan a las mujeres jóvenes estudiar, trabajar y participar en condiciones equitativas.
Las cifras hablan de exclusión, no de incapacidad. No describen a personas pasivas ni receptoras de ayuda, sino a millones de jóvenes con conocimientos, creatividad, resiliencia y capacidad para transformar sus comunidades, cuyas trayectorias han sido limitadas por condiciones estructurales. Reconocer sus capacidades también significa garantizar su derecho a participar en las transformaciones requeridas.
Las personas jóvenes no deben ser consideradas sólo beneficiarias de programas, candidatas a un empleo o personas que necesitan adaptarse a condiciones previamente establecidas. Son agentes de cambio con experiencias, conocimientos y perspectivas capaces de contribuir a la solución de los retos de sus comunidades, instituciones y espacios laborales. Cuando cuentan con oportunidades adecuadas y espacios reales de participación, generan soluciones, sostienen hogares, crean proyectos, fortalecen sus comunidades y participan activamente en la vida pública.
Las personas jóvenes tienen derechos en el presente. Garantizarlos no es una apuesta a futuro ni un acto de asistencia, sino una obligación y una condición indispensable para el desarrollo del país.
Hacemos un llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales a transformar las condiciones que reproducen la exclusión. Es urgente fortalecer las trayectorias educativas, prevenir la salida prematura de la escuela, mejorar la transición entre la educación y el trabajo y ampliar la protección social, que debe funcionar como puente hacia la formalización y construcción de trayectorias laborales dignas, no como un derecho al que solo se accede después de lograr empleo formal.
También se requiere consolidar un sistema de cuidados accesible, suficiente y corresponsable, que reduzca las barreras que enfrentan especialmente las mujeres jóvenes para estudiar, trabajar y participar plenamente.
Las empresas tienen un papel decisivo en la construcción de trayectorias laborales dignas para las personas jóvenes. Para ello, pueden ampliar las oportunidades de primer empleo, revisar los requisitos de experiencia, fortalecer prácticas de contratación incluyentes y garantizar salarios, seguridad social y posibilidades reales de aprendizaje y desarrollo. Los procesos de selección también pueden reconocer, además de títulos y credenciales formales, las capacidades construidas en la vida comunitaria, las labores de cuidado, el trabajo informal, la organización colectiva y la resolución cotidiana de problemas.
Es necesario promover, con el sector público, políticas, incentivos y mecanismos que faciliten a las pequeñas y medianas empresas la contratación de personas jóvenes con pleno acceso a sus derechos laborales, sin comprometer su sostenibilidad.
La sociedad civil, las fundaciones, las instituciones educativas, los centros de formación y los medios pueden contribuir tanto a transformar las condiciones de exclusión como a construir nuevas narrativas sobre las personas jóvenes.
Las organizaciones y fundaciones pueden impulsar soluciones colaborativas, sostenibles y construidas con la participación directa de las personas jóvenes.
Las instituciones educativas y centros de formación, por su parte, tienen un papel clave para fortalecer la transición entre la educación y el empleo, mediante programas pertinentes para las realidades de cada territorio y vinculados con la demanda laboral.
Los medios pueden ser grandes aliados para visibilizar las capacidades, experiencias, aportaciones y soluciones que las personas jóvenes ya generan en sus comunidades.
Como canales narrativos, pueden ayudar a desmontar estigmas y evitar discursos que las criminalicen, infantilicen o reduzcan a cifras, problemas o receptoras de ayuda.
Mientras México siga negando oportunidades a casi la mitad de sus personas jóvenes, seguirá limitando su propio desarrollo. No existe crecimiento económico, cohesión social ni democracia sólida cuando millones quedan excluidas de la educación, del trabajo digno y del ejercicio pleno de sus derechos.
Las personas jóvenes no necesitan que se les otorgue la capacidad de transformar, sino que se reconozca la que ya tienen y que se garanticen condiciones para ejercerla.
El futuro de las personas jóvenes se construye garantizando sus derechos hoy.

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