En medio de la crisis de salud y ambiental por la explosión del pozo de gas Krem-1 y faltando a sus propios compromisos, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
anunció uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en el noreste del
país, una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social.
Con la intención de lograr legitimación, desde la presidencia turnó la decisión a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI),
encabezado por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a 17 especialistas con un mandato preciso: analizar la «posible explotación sustentable» del gas no convencional. El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking , sino cómo usarlo con menos culpa. Las organizaciones firmantes reiteramos que, por definición, es imposible hacer de manera “sustentable” la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles.
¿Cómo esperan legitimar la opinión de un comité al que no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas? Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate.
El Gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo. No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones1. A esto hay que sumarle que las 1Carta de científicos de México y el mundo a Sheinbaum y Comité Científico actividades de fracking generan emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta y que, además, toxifica el aire y daña la salud de las personas.
Lo que sí existe son datos que dimensionan la amenaza. De acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería una actividad
puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de
agua dulce.
El anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que su inyección en pozos de disposición tampoco es segura: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida. Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química. El tratamiento de estas aguas es poco común y significativamente más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos. A estos costos, que suelen ser invisibilizados por la industria, se debe sumar el enorme costo económico y financiero que implicaría el desarrollo de esta técnica mortífera. Se ha propuesto la creación de un fideicomiso con la participación de capitales privados nacionales e internacionales, o bien, la creación de contratos mixtos con la industria
petrolera, contrario al discurso de la soberanía energética sostenido durante años por el gobierno, y bajo lo cual buscan justificar el falso “fracking sustentable”.
El costo social también sería enorme. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de
impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud2.
El noreste de México -donde se ubican regiones que hoy se encuentran bajo el interés del gobierno y capitales para la exploración y posible explotación de gas no convencional-,
atraviesa ya una profunda crisis hídrica. Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente un estrés hídrico alto o extremo,
proporción que se proyecta en aumento hacia 2050. Se calcula que el 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el
50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave3.
No se debe ignorar el hecho que, desde el anuncio de la conformación de este comité, hasta la conferencia de prensa sobre sus recomendaciones, la sociedad, pueblos y
comunidades de las regiones amenazadas se han organizado y movilizado para expresar su contundente y total rechazo al fracking. –
Más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, unidas bajo el frente Noreste Sin Fracking, han dejado clara su postura: en una región donde el agua es escasa, estratégica y cada vez más disputada, ningún gobierno debe ponerla al servicio de la industria fósil. Coahuila, y en particular la Región Carbonífera, ha sido durante décadas un territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país. Las comunidades han pagado los costos ambientales, sociales y de salud de esa industria, y hoy dejan en claro que no permitirán que el fracking profundice ese mismo modelo de despojo.
En San Luis Potosí, comunidades tenek y nahuas de la Huasteca se han organizado por más de una década y, en una amplia autoconsulta, han manifestado su rechazo unánime y contundente al fracking. Su postura es contundente contra todas sus modalidades, incluyendo la nueva versión más contaminante que, contradictoriamente, la presidenta ha calificado de manera engañosa como “fracking sustentable”. En Veracruz comunidades totonacas, nahuas, nuntajiiyi’ y campesinas rechazan enérgicamente cualquier nuevo proyecto de fracking que continúe la larga historia de contaminación y sacrificio de sus territorios a manos de Pemex y privados que ya han realizado fracking en este estado.
Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesa deinversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus
territorios. Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer por
encima de cualquier agenda económica o política que los afecte.
Tomando en cuenta lo anterior, exigimos
● La prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano.
● La inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión respecto al uso de esta técnica.
● Cumplimiento irrestricto de las obligaciones constitucionales del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir,
investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional.
● Respeto y garantía a la autonomía y al derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios.
● La transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de este comité a la SECIHTI y particularmente de su titular, quien ha mostrado una clara intención de apoyar se realice esta peligrosa técnica en el territorio nacional.