Diversos accionistas y víctimas de Grupo Fuchela solicitaron la separación inmediata del Fiscal de Acusación Jefe de Unidad, Aurelio Lozano García, así como la apertura de investigaciones en su contra, por presunto abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y encubrimiento a favor de una red de expendios de combustible ilícito en Querétaro.
La exigencia ocurre tras un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, aseguraron y clausuraron una gasolinera ubicada sobre la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Miranda (monumento a Conín).
Este caso forma parte de una serie de acciones federales contra el huachicol en la entidad; como son los dados de marzo donde se aseguraron tres estaciones con más de mil 600 litros de hidrocarburo; en junio se decomisaron más de 15 mil litros en predios de El Marqués y Querétaro; y el pasado 24 de septiembre la autoridad federal reportó nuevos cateos con incautación masiva de gas LP, combustible y dinero.
De acuerdo con los denunciantes, desde 2021 se presentó evidencia de administración fraudulenta y desvío de recursos en contra de los empresarios José Casal García y José Casal Domínguez, quien desde hace más de 10 años han operado fraudulentamente múltiples negocios de gasolineras y hoy se encuentran siendo investigados por delincuencia organizada en modalidad de tráfico de hidrocarburos.
Entre las pruebas destacan la simulación en el precio de compra de un terreno —reportado a inversionistas en 15.3 millones de pesos, cuando en el contrato inscrito en el Registro Público aparece por 8.15 millones—, la falsificación de documentos, la negativa a rendir cuentas, desviación de recursos y omisión en la repartición de utilidades desde la constitución de la empresa en el año 2014. Cabe mencionar que José Casal García cuenta con otras denuncias por administración fraudulenta de otros negocios gasolineros.
Los accionistas acusan que el Fiscal Aurelio Lozano García de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, bajo responsabilidad de la Titular Julieta Elizabeth Moreno Hortado, habría incurrido en maniobras irregularidades procesales: interpretaciones a modo de resoluciones judiciales, archivo temporal de la investigación sin notificación legal y falsificación de constancias de notificación telefónica.
En comunicado de prensa, los accionistas presentaron hace un trimestre una denuncia penal en contra Lozano García, ante la Fiscalía Anticorrupción y una queja administrativa ante el Órgano Interno de Control (Queja 129-2025), ambas aún sin resolución.
Los accionistas y víctimas de Grupo Fuchela sostienen que la inacción y encubrimiento del fiscal permitieron la operación de combustible ilícito en Querétaro, a costa del patrimonio de la empresa.
Finalmente, el representante legal de los accionistas, Cristopher Estupiñan, declaró que “la sociedad queretana no puede normalizar que, mientras la Federación acredita decomisos y clausuras, la Fiscalía del Estado protege a empresarios huachicoleros. Y es que las autoridades locales están encubriendo prácticas defraudadoras que debilitan el Estado de Derecho y alimentan el mercado ilegal de hidrocarburos.