“Por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas” (Claudia Sheinbaum, 01-10-2024, al asumir la presidencia de la República); como la primera mujer Presidenta asumo la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia (Claudia Sheinbaum, 15-07-2026, al firmar y enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio).
Entre la primera y segunda fecha han ocurrido en México al menos 5 mil 28 asesinatos de mujeres y niñas, de los que sólo mil 379 se investigan como feminicidios, el resto son catalogados homicidios dolosos.
Los casos de esas víctimas navegan en el mar de la impunidad, la indiferencia e incapacidad de las autoridades, por lo que están lejos de ser resueltos no obstante los ruegos de los deudos para que cumplan su responsabilidad moral y social.
Para las mujeres mexicanas asesinadas no hay justicia ni pronta ni expedita.
Su situación contrasta con el caso de la estudiante de ciudadanía española, Claudia Tacoronte, en Cuautla, que fue atendido con rapidez por la Fiscalía General del Estado de Morelos ante el riesgo de que la relación diplomática entre los gobiernos de México y España se fracturara.
En unos cuantos días sus familiares recibieron la noticia de la detención del asesino. Para ella si hubo pronta y expedita justicia, pero no para Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo y Michelle Fuentes, también víctimas estudiantes de la UAEM.
Y no se trata de minimizar la tragedia de Claudia Tacorante, que es lamentable, sino de llamar la atención sobre las prioridades que tienen las autoridades de procuración de justicia, las fiscalías General de la República y de los estados, para investigar las muertes de odio contra mujeres motivados por machismo, misoginia, discriminación de género y/o sentido de posesión.
O será que ¿ser extranjera y víctima es más importante que ser mexicana y víctima? La pregunta es pertinente porque eso es lo que parece ser y corresponde a la Presidenta y las autoridades encargadas de la procuración de justicia responderla.
Actualmente hay en México más de 70 leyes, códigos y normas técnicas a nivel federal y estatal orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en el feminicidio y los homicidios por razones de género, pero aun así siguen matando mujeres.
A ese andamiaje jurídico la presidenta Sheinbaum suma la iniciativa de una nueva Ley General para garantizar la cero impunidad a través de la homologación en todo el país de los mecanismos de investigación y las sanciones a este delito.
Busca que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio y que si se conoce la presunción de culpable de quien cometió el delito haya inacción.
Como la primera mujer Presidenta asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia y por eso llevó a la Constitución los derechos de las mujeres: la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.
Ayer (23-10-2026) se supo que en el municipio de Otumba fue localizado el cuerpo sin vida de Joselyn Sandoval, de 21 años, estudiante del Centro Universitario Valle de Teotihuacán, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx.
Entre octubre y diciembre de 2024 –inicio del actual gobierno- se registraron en el país 203 asesinatos catalogados como feminicidios y 578 como homicidios dolosos; en 2025 los casos fueron 736 y dos mil 083, y de enero a agosto de 2026, la cifra fue de 440 y 988, respectivamente.
¡Qué bueno que llegaron todas!
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