A las mujeres mexicanas les ha costado décadas conquistar espacios de poder históricamente reservados para los hombres. Por eso resulta especialmente lamentable que algunas de quienes alcanzan posiciones de enorme responsabilidad terminen envueltas en escándalos que ponen en entredicho la confianza pública. El mérito de llegar no puede convertirse en privilegio para actuar sin rendir cuentas.
El reciente caso de Guadalupe Taddei en el INE, marcado por investigaciones sobre contratos millonarios y vínculos con proveedores cercanos, debería encender las alarmas en todas las instituciones. Particularmente en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde otra funcionaria enfrenta acusaciones cada vez más delicadas: la coronel Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad Militar.
Las investigaciones difundidas por Fernanda Familiar, Publimetro y En Concreto recogen testimonios de militares que denuncian presuntos favoritismos, intimidaciones, represalias y decisiones encaminadas a beneficiar a determinados proveedores. No se trata de acusaciones judicialmente acreditadas, pero su gravedad exige una investigación independiente.
Los cuestionamientos también alcanzan los mecanismos de compra por paciente específico, utilizados históricamente en el Hospital Central Militar. Existen señalamientos que ameritan investigar manipulación en la selección de proveedores, exigencias indebidas o condicionamientos para recibir medicamentos. Igualmente debe examinarse la trayectoria administrativa de Jiménez Zenteno y cualquier posible intervención irregular en etapas anteriores de su carrera.
Pero el nuevo episodio podría ser todavía más preocupante.
El 2 de noviembre, Defensa adjudicó a Soluglob Ikon un contrato de más de 740 millones de pesos para el Sistema Integral de Suministro de Medicamentos. El acta del fallo registra una oferta económica de la empresa superior a 753 millones. La diferencia rebasa los 13 millones de pesos y no aparece claramente conciliada en el documento.
A ello se añade el señalamiento de que durante el procedimiento habrían circulado tres montos distintos para la misma empresa, circunstancia que exige confrontar el acta de apertura, la evaluación económica y el fallo definitivo.
¿Cómo puede adjudicarse un contrato de semejante importancia sin que exista plena claridad sobre las cantidades? ¿Quién revisó las cifras? ¿Quién autorizó el resultado?
La preocupación aumenta ante antecedentes de Soluglob, incluidos señalamientos de incumplimientos relacionados con instituciones como El INDEP y Banrural, así como una inhabilitación por Cofepris de más de 12 meses por utilizar documentación falsa en procedimientos de licitación.
No hablamos de una compra cualquiera. Hablamos de los medicamentos que necesitan militares, pensionados y sus familias. Una contratación irregular podría comprometer tratamientos, abastecimiento hospitalario y, en última instancia, vidas humanas.
La Sedena no puede permitir que estas denuncias permanezcan sin respuesta. Urge revisar el fallo, investigar los antecedentes señalados, proteger a los denunciantes y determinar las responsabilidades que correspondan. La lucha de las mujeres por alcanzar posiciones de poder merece respeto. Precisamente por ello, ninguna funcionaria debe encontrar en esa lucha un escudo frente al escrutinio.