La próxima publicación del Reglamento de la Ley General de Economía Circular representa un momento decisivo para el futuro de la política ambiental en México. Su contenido definirá cómo se implementará la Ley durante las próximas décadas y si la transición que se pretende hacia una economía circular estará realmente orientada a proteger la salud humana, la biodiversidad y el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular, el Congreso de la Unión otorgó un plazo de ciento ochenta días naturales para la expedición de su Reglamento. En este proceso, organizaciones de la sociedad civil hemos presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) propuestas técnicas y jurídicas encaminadas a fortalecer el proyecto de Reglamento y subsanar los vacíos identificados en la Ley.
La Ley General de Economía Circular fue aprobada y publicada sin un proceso abierto y participativo que permitiera incorporar de manera efectiva las observaciones de la comunidad científica, organizaciones sociales, pueblos y comunidades, academia y otros sectores libres de conflictos de interés. Como advertimos durante el proceso legislativo, ello dio lugar a una Ley con importantes vacíos en materia de protección de la salud, gestión de sustancias químicas, prevención de la contaminación, además de privilegiar mecanismos que favorecen determinados intereses económicos por encima del interés público.