La actualización en 2025 de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) abrió una nueva etapa para la política climática de México y para su agenda de desarrollo inclusivo y sustentable. Para contribuir a que esos compromisos climáticos se traduzcan en acciones concretas y medibles, Iniciativa Climática de México (ICM) presenta el documento “Programa Especial de Cambio Climático 2026–2030 desde la Sociedad Civil: Recomendaciones para la implementación de la NDC”.
Tras su aprobación por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2026-2030 –principal instrumento de política pública para orientar la acción climática del país durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum– se encuentra en proceso de revisión previo a su publicación. En ese contexto, ICM pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de las dependencias participantes, elementos técnicos, normativos e institucionales adicionales que puedan contribuir a una implementación exitosa del programa en los próximos años.
El documento se elaboró con base en análisis desarrollados por ICM y las aportaciones de especialistas de distintos sectores y contiene recomendaciones en materia de descarbonización sectorial, adaptación y resiliencia, gobernanza, financiamiento, y seguimiento e implementación de políticas públicas, con una visión de mediano y largo plazos.
El texto incluye 96 medidas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0, junto con los instrumentos y mecanismos de coordinación necesarios para llevarlas a cabo. Incorpora además hitos sectoriales al 2030 para la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que contribuyen a reducir las 144 millones de toneladas de CO₂ equivalente necesarias para cumplir los compromisos climáticos durante el presente sexenio.
La propuesta detalla una ruta para la implementación de la NDC 3.0 mediante acciones concretas, instrumentos de política pública e hitos verificables para el periodo 2026-2030. Entre sus principales aportes destacan:
● 96 medidas estratégicas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0: temas transversales; mitigación; adaptación; pérdidas y daños, y entorno habilitador y medios de implementación. Cada medida se acompaña de instrumentos de política, mecanismos de coordinación institucional y responsables que facilitan su ejecución.
● Una hoja de ruta para acelerar la descarbonización de los principales sectores emisores, con hitos para 2030 que incluyen:
○ alcanzar al menos 38.5% de generación eléctrica con fuentes limpias, respecto al 24.6% registrado en 2025 —cerca de 14 puntos porcentuales en menos de cinco años—, en línea con los alrededor de 15 GW adicionales de capacidad limpia y almacenamiento previstos en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, junto con el fortalecimiento de la red de transmisión;
○ eliminar de manera progresiva la generación eléctrica con carbón, estimada en 3.4% de la matriz en 2025, y reducir el uso de combustóleo, estimado en 1% ese mismo año, con miras a su eliminación hacia 2035, mediante una transición energética justa que impulse la restauración ambiental, la reconversión laboral y productiva, y la participación de las comunidades en las regiones afectadas;
○ acelerar la electrificación del transporte, sector responsable de 23% de las emisiones nacionales, mediante estándares que reduzcan el promedio corporativo de los autos nuevos de 125 a 63 gramos de CO₂ por kilómetro, una participación de 30% de las ventas de autobuses urbanos eléctricos y un mayor reparto modal ferroviario de carga, hoy en 13.4%;
○ reducir en 30% las emisiones de metano del sector petróleo y gas respecto de los niveles de 2020, estimados en 29.2 millones de toneladas de CO₂ equivalente, en línea con el Plan de Sostenibilidad de Pemex;
○ impulsar la descarbonización de la industria, origen de 18% de las emisiones nacionales, mediante eficiencia energética, electrificación, cogeneración y combustibles de bajas emisiones;
○ fortalecer una productividad agropecuaria de bajas emisiones con 484 mil hectáreas nuevas de agricultura de conservación, la recuperación de 190 mil hectáreas de suelos degradados y 616 mil hectáreas bajo manejo silvopastoril;
○ avanzar hacia la deforestación neta cero y cumplir la meta 30×30 de conservar el 30% de la superficie nacional terrestre y marina, en un sector con potencial de absorción de al menos 200 millones de toneladas de CO₂;
○ promover la economía circular en el sector residuos, responsable de 9% de las emisiones nacionales, mediante la reducción del desperdicio de alimentos —20.4 millones de toneladas en 2025, equivalentes al 34% de la producción nacional— y el aprovechamiento de residuos orgánicos en al menos 20 plantas de digestión anaeróbica en municipios medianos.
● Un enfoque integral de adaptación y resiliencia, orientado a fortalecer la gestión del riesgo climático, la seguridad hídrica, la protección y restauración de ecosistemas, la adaptación basada en la naturaleza y el fortalecimiento de capacidades locales. El documento reconoce que aumentar la resiliencia de la población y los territorios es una condición indispensable para el desarrollo sostenible y socialmente inclusivo del país.
● Recomendaciones para fortalecer la gobernanza y los medios de implementación, mediante mecanismos de coordinación entre dependencias, órdenes de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil; fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de la NDC y una estrategia para movilizar financiamiento climático a la escala que la transición requiere: la agenda de desarrollo sostenible al 2030, plenamente integrada a la NDC 3.0, supone inversiones del orden de 13.6 billones de pesos, unos 727 mil millones anuales. De ahí la importancia de desarrollar una Plataforma de País capaz de articular recursos públicos y privados para acelerar la implementación de la NDC 3.0 y del PECC.
● Propuestas para reformar la Ley General de Cambio Climático que incorporen las metas al 2035 y cero emisiones netas a mediados de siglo, los hitos de descarbonización, justicia climática y alineación con la NDC 3.0. La reforma también mandataría a las Secretarías, en coordinación con el Congreso, ajustar la legislación secundaria y los instrumentos de planeación (Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico) a estos compromisos.
● Un enfoque transversal de transición justa, que incorpora criterios de igualdad, derechos humanos, participación social y desarrollo territorial para asegurar que la acción climática contribuya también al bienestar, la reducción de desigualdades y la creación de oportunidades económicas.