En plena crisis de medicamentos, Defensa Nacional adjudica millonario contrato a Soluglob Ikon, una empresa con antecedentes de sanciones e incumplimientos denunciados. El procedimiento coloca bajo escrutinio a la Coronel Blanca Jiménez Zenteno.
Mientras el Gobierno federal enfrenta una crisis de desabasto de medicamentos que ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema de salud, la Secretaría de la Defensa Nacional acaba de protagonizar una polémica que exige explicaciones.
El pasado 2 de noviembre, Defensa adjudicó 740 millones 486 mil 460 pesos a Soluglob Ikon para operar el Sistema Integral de Suministro de Medicamentos (SISMED), encargado de abastecer a los hospitales militares. Lo preocupante no es solamente el monto, sino los antecedentes de la empresa beneficiada y los señalamientos que rodean a funcionarios involucrados en el procedimiento.
Soluglob no es una desconocida para las autoridades fiscalizadoras. En marzo de 2024, la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación una inhabilitación de doce meses para contratar con dependencias públicas. A ello se suman denuncias de incumplimientos en el suministro de medicamentos a pensionados de Banrural y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con servicios médicos pagados por el fondo administrado por el INDEP, entre cuyos proveedores figuraba Soluglob.
¿Se investigaron estos antecedentes antes de confiarle nuevamente cientos de millones de pesos y, sobre todo, la salud de miles de pacientes?
Pero la polémica tiene otra protagonista: la coronel Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad Militar, cuya trayectoria ha sido objeto de publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en adquisiciones. Investigaciones difundidas por Fernanda Familiar, Publimetro y En Concreto recogen acusaciones de favoritismo hacia proveedores, intimidación y posibles represalias. También existen señalamientos que ameritan revisar las prácticas de compra por paciente específico y el manejo de proveedores en instalaciones militares. Son denuncias graves que deben esclarecerse.
Ahora su nombre vuelve a aparecer en un procedimiento cuestionado. La coronel figura entre quienes suscribieron la evaluación técnica de SISMED, cuyo fallo fue adelantado mediante un aviso público.
Y las cifras tampoco parecen cuadrar.
Se manejaron tres distintos montos para la empresa SOLUGLOB IKON. En el acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones aparece con $740,322,548.92. En el acta de notificación de fallo en el inciso B con $731,827,489.58 y posteriormente en el inciso G con $740,486,460.53
La coincidencia de una empresa anteriormente sancionada, denuncias contra funcionarios e inconsistencias económicas obliga a extremar la vigilancia institucional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe investigar el procedimiento, esclarecer la participación de cada funcionario y verificar que existan garantías suficientes para asegurar el abastecimiento.