Con el envío de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos el pasado 8 de septiembre, el uso del efectivo tiene fecha de caducidad, sin embargo para llegar a eso, el Gobierno tendrá que resolver antes y a marchas forzadas dos retos importantes: la conectividad en zona rurales y marginadas, así como eliminar el rezago en la bancarización, expuso en entrevista Noé Amaro Luis, experto en riesgos Financieros, Fiscales y de Lavado de Dinero de Aya Legal & Compliance.
La iniciativa, que forma parte del paquete de reformas que acompaña al Paquete Económico 2027, fue recibida por la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria un día después, el 9 de septiembre.
“Vamos a enviar la Ley de Economía Digital con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete”, dijo la mandataria desde Palacio Nacional.
“Esto resume, una estrategia que el gobierno federal ha construido por etapas desde abril, cuando Sheinbaum planteó por primera vez avanzar hacia un esquema de “cero efectivo”, comenzando por gasolineras y casetas de cobro”, expone el experto.
Los contras: exclusión, migración del riesgo y nuevas fricciones
El otro lado de la moneda —o, en este caso, del billete— tiene igualmente peso. El riesgo más citado es la exclusión financiera: millones de mexicanos, particularmente en zonas rurales o con baja conectividad, no tienen cuenta bancaria ni acceso confiable a internet. Convertir el pago digital en obligatorio en sectores como gasolineras y casetas, sin antes cerrar esa brecha, puede traducirse en fricción real para transportistas y conductores que hoy dependen del efectivo en carretera.
Existe, además, un riesgo que Noé Amaro considera central desde la óptica de prevención de lavado de dinero: el desplazamiento del riesgo, no su desaparición.
“Una ley que reduce el efectivo en dos o tres sectores no elimina la necesidad de quien busca lavar recursos; simplemente lo obliga a buscar otra puerta. Esa puerta puede ser el efectivo concentrado en los sectores que la ley todavía no cubra, puede ser el uso de criptoactivos fuera del radar regulatorio, o puede ser, en el peor de los casos, un regreso a esquemas de facturación apócrifa que ya conocemos bien en México. Reducir el efectivo es una condición necesaria, pero no suficiente, para reducir el lavado de dinero”, advierte.
“A ello se suman los costos de adaptación tecnológica para pequeños negocios, la dependencia de una infraestructura de conectividad y energía eléctrica que no es homogénea en todo el territorio, y las preocupaciones —cada vez más presentes en el debate público— sobre la concentración de datos financieros de millones de personas en manos del Estado y de la banca privada”, dice.
Una transición, no un decreto
Amaro Luis expone que ante esta iniciativa de ley es importante ser precisos: no existe, por ahora, una prohibición del efectivo en México para que se aplique, ésta lleva un proceso y llo que vamos a vivir en los siguientes meses es una transición hacia ella.
“La iniciativa debe seguir su curso en el Poder Legislativo. De acuerdo con el proyecto, una vez que entre en vigor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará con 15 días hábiles para hacer una primera determinación de los sectores y actividades en los que el pago electrónico podría convertirse en la única forma válida de cobro, con la posibilidad de ampliar esa lista en el futuro”, explica.
Expone que los primeros señalados, según ha adelantado el propio gobierno desde marzo en la 89 Convención Bancaria de Cancún, serían las gasolineras y las casetas de peaje: sectores de alto flujo diario de efectivo, donde la banca —a través de la Asociación de Bancos de México— ya ha ofrecido eliminar temporalmente comisiones por pago con tarjeta como incentivo para acelerar la transición.
El argumento oficial: menos efectivo, menos lavado
Para el experto en riegos financieros, el gobierno ha sido explícito en vincular esta reforma con el combate al lavado de dinero. “Mientras menos efectivo haya circulante, pues hay menos lavado, se presta para menos irregularidades e ilegalidades”, ha dicho Sheinbaum en abril, al presentar por primera vez la estrategia.
El argumento no es menor- dice Amaro Luis -, de acuerdo con Banxico, el efectivo en circulación asciende ya a 3.4 billones de pesos, con un crecimiento anual de 7.3%, una cifra que el propio banco central ha señalado que superó la recaudación del Impuesto Sobre la Renta en 2025.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI retrata la magnitud del reto: el efectivo sigue siendo el medio de pago frecuente en el 85.2% de las compras de 500 pesos o menos, y en el 73.5% de las operaciones de mayor monto. Las transferencias y aplicaciones móviles, en contraste, apenas subieron de 1.6% a 4.4% entre 2021 y 2024.
Para Noé Amaro, este diagnóstico —una economía todavía profundamente dependiente del efectivo— es, precisamente, el punto de partida que explica por qué el tema le interesa tanto a la autoridad fiscal como a la financiera.
“El efectivo es, por definición, la operación que no deja rastro automático. Cada peso que migra del bolsillo a una cuenta bancaria es, en los hechos, un peso que empieza a ser trazable por el SAT y por la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso no es un efecto secundario de la ley: es, en buena medida, su razón de ser”, explica.
Lo que ya cambió y lo que viene
La iniciativa no llega a un terreno vacío, expone. Desde julio de este año, la banca ya exige identificación y datos biométricos en ventanilla para depósitos o retiros en efectivo iguales o superiores a 140,000 pesos —los cajeros automáticos quedan excluidos de esta obligación—. A ello se suman los límites que desde hace más de una década impone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida coloquialmente como Ley Antilavado, que ya restringe el pago en efectivo en la compra de inmuebles, vehículos y joyería, entre otros bienes de alto valor.
Lo que aporta la nueva Ley de Economía Digital es un mecanismo distinto- dice- , en lugar de fijar montos límite, delega en la SHCP la facultad de declarar sectores completos donde el pago electrónico sea la única forma válida. Además, plantea ampliar el rol del Banco de México para facilitar transferencias electrónicas y herramientas como CoDi y DiMo, así como aceptar la CURP Digital como mecanismo simplificado para la contratación de servicios financieros. Las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y las empresas privadas, por su parte, deberán contar con infraestructura para aceptar pagos electrónicos.
Los pros: fiscalización, formalización y menos costos
Los defensores de la iniciativa —el gobierno federal y buena parte de la banca— apuntan a tres beneficios centrales – dice el experto en riegos fiscales-. Primero, una fiscalización más eficaz: cada transacción electrónica deja un registro que el SAT puede cruzar y auditar. Segundo, mayor formalización económica, al incorporar al sistema financiero a comercios y actividades que hoy operan casi exclusivamente en efectivo. Tercero, una reducción de costos operativos —traslado de valores, custodia, riesgo de robo— tanto para el sector privado como para el propio gobierno.
“Desde la trinchera de cumplimiento, hay un cuarto beneficio que suele pasarse por alto: entre más operaciones estén bancarizadas, más fácil es para las instituciones financieras cumplir con sus obligaciones de reporte ante la UIF, porque el dato ya nace estructurado. Hoy, buena parte del trabajo de un oficial de cumplimiento consiste en reconstruir el origen de flujos de efectivo que no dejaron huella; con más bancarización, ese trabajo se vuelve más preciso y menos artesanal”, apunta.
El horizonte: de aquí a tres años
Para el experto, en el corto plazo, lo previsible es que la discusión legislativa avance en paralelo a la primera determinación de sectores por parte de Hacienda, con gasolineras y casetas como punto de partida. En el mediano plazo —entre uno y tres años—, es razonable esperar una ampliación gradual de esa lista, así como la consolidación de CoDi, DiMo y la CURP Digital como estándares de facto para contratar servicios financieros. En el largo plazo, la apuesta del gobierno es una reducción estructural del peso del efectivo en la economía mexicana, con el consecuente cambio en la forma en que el SAT y la UIF construyen sus perfiles de riesgo: de una lógica basada en documentos y declaraciones, a una lógica basada en datos transaccionales.
“Lo que estamos viendo no es solo una reforma de medios de pago. Es, en el fondo, una reforma silenciosa al modelo de fiscalización y de prevención de lavado de dinero en México, que va a exigir a las empresas —sobre todo a las de los sectores que sean declarados de pago digital obligatorio— revisar desde ahora sus políticas internas de identificación de clientes y sus manuales de cumplimiento en materia de PLD/FT. Quien espere a que la ley esté publicada para empezar a prepararse, va a llegar tarde”, concluye Noé Amaro.