En el marco de la preparación y realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, desde el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos monitoreamos, documentamos, registramos, observamos y denunciamos violaciones a derechos humanos asociadas a las acciones de limpieza de imagen que adoptaron las instancias gubernamentales, los operativos de “seguridad”, movilidad, “orden urbano” y control social implementados para el torneo.
Desde el Observatorio documentamos/registramos la represión/criminalización a la protesta y restricciones a la libertad de expresión, así como prácticas de detenciones arbitrarias, intimidación, censura, tortura y uso excesivo de la fuerza contra personas manifestantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, mujeres, poblaciones LGBTTTIQ+ y familias buscadoras.
Los desalojos afectaron de manera directa a personas migrantes, mujeres, personas racializadas, comercio ambulante, movimientos sociales, periodistas y población LGBTIQ+ en las ciudades sede y subsedes del Mundial. Entre los hechos ya documentados se encuentran desplazamientos forzados en el centro de Guadalajara, Jalisco y en el centro y sur de la Ciudad de México, el retiro masivo de fichas de búsqueda de personas desaparecidas y decenas de detenciones arbitrarias en el marco de la protesta social.
Identificamos afectaciones específicas hacia las poblaciones callejeras principalmente durante los preparativos del Mundial, caracterizadas por acciones de hostigamiento, desplazamiento forzado de los espacios públicos y criminalización de la vida en calle. Estas prácticas se reflejaron en operativos de retiro, como los realizados en el marco del Operativo Centro Histórico en la Ciudad de México, sin que existieran estrategias institucionales para prevenir actos de violencia, malos tratos o abusos de autoridad contra la población callejera durante el torneo, profundizando las condiciones de exclusión y vulnerabilidad que históricamente enfrenta.
Subrayamos particularmente el incremento de la violencia de género durante este ejercicio, en el que se cometieron femicidios bajo pretexto de la euforia mundialista. Durante estos eventos registramos prácticas de nula prevención con omisiones reiteradas, en las que se vulnera la dignidad y el derecho a la vida de las mujeres, así como el derecho a una vida libre de violencia y a espacios deportivos de entretenimiento libres de acoso.
Estas preocupaciones se enmarcan en un contexto nacional en el que se han identificado derechos humanos vulnerados o en riesgo, entre ellos el derecho a la protesta, al libre tránsito, a la vivienda, a la búsqueda, al acceso a la justicia, al derecho a ser buscado, la libertad de expresión, la documentación independiente y a la protección de quienes participan en el debate público y en la defensa de los derechos humanos.
Entre las prácticas documentadas durante estos eventos resulta especialmente preocupante el uso excesivo de la fuerza por parte de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, incluyendo el empleo de proyectiles de impacto cinético (balas de goma) contra personas manifestantes. Este tipo de actuaciones contravienen los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas que deben regir el uso de la fuerza en contextos de protesta social, además de generar un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación pública.
Señalamos con preocupación la omisión de diversas instancias gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya responsabilidad institucional es promover, proteger y garantizar los derechos humanos durante el desarrollo de las manifestaciones. En distintos casos documentados, estas omisiones se tradujeron en la ausencia de medidas de protección frente a agresiones y, de manera especialmente grave, en restricciones impuestas al trabajo de medios de comunicación independientes y equipos de documentación, a quienes se les negó el acceso para registrar el desarrollo de las movilizaciones.
Estas prácticas limitan la documentación independiente, obstaculizan la rendición de cuentas, y debilitan las garantías para la defensa y vigilancia de los derechos humanos.
Este periodo cierra con el registro de 63 eventos identificados, en los cuales documentamos un total de 104 agresiones. Dichas agresiones se enfocan principalmente en la represión a la protesta y en el abuso de autoridad, así como en agresiones perpetradas por parte de autoridades. Dentro de estas, destacan de manera significativa las cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y los discursos estigmatizantes emitidos desde el ámbito presidencial.En relación con los derechos vulnerados, los más afectados fueron la libertad de reunión y manifestación pacífica, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la integridad personal. En cuanto al nivel territorial, los eventos se concentran principalmente en la Ciudad de México, donde se registró la mayor incidencia de estos hechos.
Desde el Observatorio subrayamos que ningún evento deportivo, por relevante que sea, puede justificar la suspensión de garantías constitucionales ni el debilitamiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos. Por ello, hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para contar con medidas de no repetición, así como mecanismos de seguimiento para otorgar justicia a las personas vulneradas durante este periodo.