Organizaciones de la sociedad civil pidieron hoy a las delegaciones de América Latina y el Caribe y del mundo rechazar cualquier paquete de resultados de la COP31 que no entregue avances concretos en adaptación, transición justa y financiamiento climático, y la Red de Acción Climática de América Latina, CANLA, envió una carta a las delegaciones con ese llamado.
El compromiso de triplicar el financiamiento para la adaptación, acordado en Belém, quedó reducido en el texto que llegó al último día programado de la COP31 a un recordatorio de la decisión anterior y a una mención sin cifra ni ruta de implementación. La propuesta planteaba llegar a 120 mil millones de dólares anuales en 2035, que no alcanza ni la mitad de los 300 mil millones comprometidos en la nueva meta colectiva cuantificada, mientras que las necesidades de los países en desarrollo rondan los 305 mil millones anuales según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la principal autoridad ambiental a nivel mundial.
El mundo tiene dinero y avanzar hacia una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional como vía para movilizar recursos, permitiría recuperar alrededor de 500 mil millones de dólares al año hoy perdidos por evasión y elusión fiscal.
Laura Restrepo, de CANLA, Red de Acción Climática de América Latina, dijo:
“La decisión de cobertura que se publicó ayer sirvió como un distractor para la sociedad civil, las delegaciones y los medios, y evidencia una estrategia de la presidencia para presionar por un documento general débil en lugar de concentrar los esfuerzos en las salas de negociación. Desde CANLA enviamos una carta a nuestras delegaciones para pedirles que salgamos de esta cumbre rechazando cualquier texto o paquete de resultados que no garantice una justicia climática real.”
Pilar Bueno, de Argentina 1.5, dijo:
“La visión política de la presidencia australiana para la agenda de adaptación fue lograr resultados mínimos. Hoy solamente tenemos un recordatorio de la decisión anterior de Belém y un marcador de posición, una promesa de que en algún momento algo va a suceder, no sabemos qué, y eso es completamente inaceptable. Los países del sur global mostraron máxima flexibilidad y siguen empujando por establecer un número de al menos 120 mil millones de dólares anuales para 2035.”
Sandra Guzmán, directora general del GFLAC, dijo:
“Llevo 18 años en este proceso y nunca antes había visto una COP con tan baja voluntad de ambas partes. Estados Unidos invirtió 48 mil millones de dólares en guerra solo en este año, y aquí la respuesta es que no hay suficientes recursos. No es una escasez de dinero, es una escasez de voluntad política. Estamos en un momento del Súper Niño con grandes costos económicos y sociales, y un plan para triplicar el financiamiento para la adaptación, alcanzando 120 mil millones de dólares es lo mínimo que esta COP puede entregar. Esa es la mayor contradicción que tenemos hoy en el aparato político.”
Ezequiel Steuermann, de GI-ESCR, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo:
“La narrativa de la austeridad se ha instalado como una aparente obviedad disfrazada de sentido común, pero es una falsa excusa, porque en dos semanas habrá una negociación en Nairobi sobre la Convención Tributaria de Naciones Unidas donde los mismos Estados que hoy nos dicen que no hay plata van a discutir un nuevo instrumento legal para conseguirla. La eliminación de la Hoja de Ruta de Bakú a Belém es una oportunidad perdida, pero no altera las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional.”
Las organizaciones advirtieron que el mayor riesgo es salir de Antalya solo con decisiones procedimentales y llevar lo sustantivo a la COP32 en Adís Abeba sin ninguna garantía de avance, aunque señalaron que mientras no se publiquen los textos finales todavía hay margen para presionar.
