El aumento de los ingresos de los hogares mexicanos contribuyó a reducir la pobreza durante la última década. No obstante, esta mejora económica no se ha traducido en avances equivalentes en todas las dimensiones del bienestar, particularmente en aquellas relacionadas con acceso a servicios de salud y rezago educativo, advierte Ethos Innovación en Políticas Públicas en su estudio Del ingreso al bienestar: el desafío de la pobreza en México.
De acuerdo con el análisis, basado en información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y los datos de pobreza multidimensional del INEGI, entre 2016 y 2024 el ingreso corriente mensual promedio de los hogares aumentó 10.8%, al pasar de 23,416 a 25,955 pesos. En el mismo periodo, la población en situación de pobreza multidimensional disminuyó de 52.2 a 38.5 millones de personas, una reducción de 13.7 millones.
El estudio identifica dos factores principales detrás de la recuperación de los ingresos: el crecimiento del ingreso proveniente del trabajo y el aumento de las transferencias. Entre 2016 y 2024, el ingreso por trabajo creció 13.2%, mientras que las transferencias aumentaron 26.5%. En 2024, los ingresos laborales representaron alrededor de 66 de cada 100 pesos que recibieron los hogares.
Avances que no resuelven todas las carencias
Aunque el incremento de los ingresos favoreció la salida de millones de personas de la pobreza, el análisis muestra que el bienestar económico y el acceso efectivo a los derechos sociales no han evolucionado al mismo ritmo.
Entre 2016 y 2024, la población con al menos una carencia social aumentó de 30.5 a 41.9 millones de personas. El deterioro estuvo impulsado principalmente por las dificultades de acceso a servicios de salud y el incremento del rezago educativo.
El crecimiento de las transferencias ha implicado que el gobierno realice ajustes en algunos rubros de gasto, afectando el acceso a servicios públicos. Por ejemplo, el gasto público en salud perdió participación en el presupuesto pues pasó de representar 10.9% del gasto total en 2020 a 9.5% en 2026. Esta tendencia coincide con el deterioro en el acceso a los servicios de salud. La población con esta carencia aumentó de 18.8 millones de personas en 2016 a 50.4 millones en 2022 y, a pesar de registrar una ligera recuperación en 2024 (bajando a 44.5 millones), se ha consolidado como la segunda carencia más alta del país, sólo después de la falta de acceso a la seguridad social.
El crecimiento del ingreso por trabajo enfrenta desafíos estructurales
Los ingresos laborales han aumentado, en parte, gracias a los incrementos del salario mínimo, que también elevan los costos laborales de las empresas. Sin embargo, el estudio advierte que la sostenibilidad de esta tendencia depende, en buena medida, de la capacidad de la economía para generar empleos formales, productivos y mejor remunerados. Esto exige superar algunas de las debilidades estructurales del mercado laboral mexicano, entre ellas el bajo crecimiento económico y la elevada informalidad. En 2025, aproximadamente 55 de cada 100 personas ocupadas trabajaban en condiciones de informalidad, donde los ingresos promedio equivalen a cerca de la mitad de los que se perciben en un empleo formal.
A este panorama se suma el retroceso de la productividad laboral, que disminuyó 6.8% entre 2016 y 2024. Esta caída plantea un desafío adicional para sostener el crecimiento de los salarios, pues las mejoras salariales difícilmente podrán mantenerse en el largo plazo si no están acompañadas de aumentos en la productividad de las empresas.
Finalmente, la persistencia de brechas de género en la participación laboral y los ingresos limita las oportunidades económicas de las mujeres y el aprovechamiento de su potencial productivo. Entre 2016 y 2024, el ingreso mensual promedio de los hombres aumentó 17%, mientras que el de las mujeres creció 33%. A pesar de esta mejora, en 2024 los hombres percibían ingresos totales promedio 52% superiores a los de las mujeres.
La sostenibilidad de las transferencias depende de las finanzas públicas
Las transferencias públicas han sido el segundo motor del crecimiento de los ingresos de los hogares. Esto significa que una parte importante de las mejoras recientes del bienestar económico depende de la capacidad del Estado para mantener estos apoyos.
Sin embargo, en un contexto de crecientes presiones sobre las finanzas públicas, sostener el crecimiento de las transferencias plantea desafíos presupuestarios. Por ello, resulta necesario considerar la capacidad financiera del Estado para dar continuidad a estos apoyos en el largo plazo.
Hacia una reducción sostenible de la pobreza
A partir de estos hallazgos, Ethos plantea que la reducción sostenida de la pobreza requiere una estrategia integral con dos componentes complementarios.
Por un lado, es necesario impulsar un mercado laboral dinámico mediante el crecimiento económico, una mayor inversión y el fortalecimiento de la productividad, a fin de generar empleos formales y mejores ingresos. Por otro lado, se requiere una política social que no solo fortalezca los recursos económicos de los hogares, sino que también garantice el acceso efectivo y de calidad a los servicios públicos.
Las transferencias monetarias son una herramienta relevante para mejorar los ingresos y reducir la pobreza, pero deben entenderse como un complemento, no como un sustituto, de la provisión de derechos sociales.
La reducción de la pobreza no depende únicamente de cuánto dinero reciben los hogares, sino también de las oportunidades que ofrece la economía y de la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos de calidad. Consolidar los avances de la última década exige fortalecer estas dimensiones de manera conjunta y crear las condiciones para que las mejoras en el bienestar perduren en el tiempo.