El día de ayer se llevó a cabo en el Senado de la República el segundo foro De la Protección a la Acción: Evitar la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. El encuentro, convocado por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa junto con el Grupo de Trabajo Técnico Especializado, integrado por representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, tuvo como eje la presentación de una propuesta para incorporar el reclutamiento ilícito de personas como delito autónomo en el Código Penal Federal. Con ello, se dio continuidad al diálogo iniciado en abril para construir una respuesta legislativa frente a este fenómeno.
El foro contó con la participación del Senador Juan Carlos Loera de la Rosa, Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte; Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y la Senadora Laura Esquivel Torres, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Por parte de las instituciones de justicia y protección, intervinieron el Dr. Jorge Nader Kuri, Director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y el Mtro. Jorge Andrade Contreras, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Nacional. Su participación permitió reunir perspectivas legislativas e institucionales para analizar los alcances de la propuesta.
La presentación estuvo a cargo de integrantes del Grupo de Trabajo Técnico Especializado: el Mtro. Juan Pablo Rodríguez González, por parte de UNICEF; la Dra. Sofía Cobo, del INACIPE; la Mtra. Karelly Villanueva, de TOJIL; el Dr. Gerardo Nochez Cerón, del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, y la Lic. Sofía Martínez Paz, por parte de Reinserta. Sus intervenciones explicaron los principales componentes de la propuesta y las medidas previstas para proteger a las víctimas.
El foro se desarrolló alrededor de una preocupación compartida: la falta de legislación federal que responda a las formas en que los grupos criminales captan e incorporan personas. Resaltando que las figuras existentes resultan insuficientes para el entendimiento, persecución e investigación de la problemática. Dicho vacío deja conductas sin sanción y limita la posibilidad de intervenir desde la captación para la protección de las personas y de la seguridad nacional.
La propuesta presentada busca sancionar a quienes seleccionan, convocan, persuaden o enlistan personas para incorporarlas a grupos delictivos, así como a quienes financian o facilitan estas prácticas. Contempla penas mayores en circunstancias como el uso de redes sociales, el abuso de vínculos de confianza y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Su alcance permite actuar sin exigir que la persona llegue a integrarse al grupo o cometa algún delito.
Asimismo, reconoce a las personas reclutadas como víctimas a fin de acceder a protección, atención y reparación. Establece reglas para distinguir responsabilidades cuando una persona reclutada es obligada a reclutar a otras, así como la imprescriptibilidad cuando la víctima era menor de dieciocho años. Además, la propuesta se articula con la legislación de trata y contempla adecuaciones para atender la intervención de personas morales y estructuras de delincuencia organizada.
De esa manera, la presentación da continuidad al trabajo que se lleva realizando entre el Poder Legislativo, las instituciones de justicia, los organismos internacionales y la sociedad civil en la materia. Poniendo de manifiesto que contar con un delito autónomo, además de dar cumplimiento a recomendaciones de organismos internacionales, permitiría investigar estas conductas, sancionar a sus responsables y reconocer a sus víctimas. Enfatizando que de lograrse dicho avance legislativo, este deberá acompañarse de una política pública que despliegue acciones de prevención, protección y atención que eviten que el crimen organizado siga rompiendo el tejido social y arrebatando el futuro de nuestras infancias y adolescencias.