El uso de la inteligencia artificial (IA) implica un costo socioambiental que suele permanecer oculto detrás de los servicios digitales debido a la demanda de agua, energía, materias primas, emisiones contaminantes y residuos electrónicos que genera su instalación.
Así lo explicó el doctor Eduardo Santana-Castellón, especialista en ecología y director fundador del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, al impartir la conferencia En la nube: el costo socioambiental del uso de la IA, como parte del tercer y último día de actividades del encuentro Mentes Digitales: IA; creatividad y vida universitaria, organizado por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Sin embargo, reconoció que la IA también puede contribuir a la protección ambiental con el monitoreo de especies en peligro de extinción, la optimización del gasto energético, el empleo eficiente de los materias primas, la economía circular y el mejoramiento de la calidad del agua.
El reto, dijo el profesor adjunto asociado del Departamento de Ecología de Bosques y Vida Silvestre en la Univ. De Wisconsin-Madison, consiste en identificar en qué circunstancias estas herramientas crean ventajas reales y cuáles son sus costos asociados, por lo que propuso considerar las distintas etapas del ciclo de vida de los sistemas digitales y establecer responsabilidades sobre sus efectos.
“¿Quién decide?”, cuestionó al referirse a la instalación de centros de datos y al manejo de recursos naturales en territorios habitados por poblaciones, de ahí que, enfatizó como fundamental que la población cuente con información suficiente para participar en las decisiones que afectan su entorno.
El doctor Santana-Castellón hizo un llamado a comprender la IA más allá de sus capacidades técnicas y a reconocerla como parte de un sistema socioecológico que transforma bienes, energía, trabajo y territorio.
“Su utilización requiere una evaluación integral que permita aprovechar sus aportaciones sin perder de vista la conservación de los ecosistemas, la salud humana y el bienestar colectivo”.
Por ello, invitó a reflexionar sobre estas herramientas y la necesidad de valorar sus impactos desde una perspectiva amplia que considere factores ecológicos, económicos, sociales, políticos y culturales.
“Todo lo digital precisa energía”, indicó el académico, al detallar que detrás de cada consulta, imagen o interacción con asistentes virtuales existe una infraestructura que incluye centros de datos, redes de comunicación, extracción de minerales, transporte y procesos industriales.
El especialista destacó que el funcionamiento de las plataformas de IA demanda insumos naturales desde las primeras etapas de su desarrollo, en particular durante el entrenamiento de los modelos, cuando se procesan grandes cantidades de información, a lo que se suma el consumo eléctrico en su operación cotidiana y el agua necesaria para enfriar los equipos informáticos.
Sostuvo que el impacto ambiental no puede medirse solo a partir del uso energético de los centros de datos, sino que se deben tomar en cuenta los materiales utilizados para fabricar los dispositivos, los combustibles empleados en su transporte y los desechos electrónicos derivados de su renovación.
Advirtió que las consecuencias dependen de las características de cada territorio y ejemplificó que la construcción de centros informáticos en una región con abundancia de agua no tiene las mismas repercusiones que en una comunidad que enfrenta escasez hídrica, por lo que es indispensable analizar las condiciones locales y la distribución de los gatos y aportaciones.
Asimismo, el doctor Santana-Castellón cuestionó la idea de que digitalizar procedimientos significa una alternativa más sustentable, pues la sustitución de materiales impresos debe examinarse considerando el requerimiento energético y los elementos requeridos para mantener las redes digitales.
“Porque haya más eficiencia, no quiere decir que va a haber más justicia”, puntualizó, al señalar que los beneficios económicos derivados de estas tecnologías no siempre se distribuyen de forma equitativa, mientras que algunas de sus consecuencias ambientales y sociales recae en las comunidades donde se extraen los recursos o se instala la infraestructura.