En el marco de su proyecto “Diálogos sobre el estado que guardan las instituciones de seguridad y justicia”, Causa en Común presentó el 8 de octubre en el Campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) los resultados estatales del Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia, 2025. El estudio se elaboró a partir de solicitudes de información dirigidas a las instituciones de la entidad, por lo que la totalidad de la información proviene de las instituciones consultadas.
El encuentro, organizado por la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, permitió el diálogo con académicos, estudiantes e invitados. Investigadores de Causa en Común y de Impunidad Cero presentaron los siguientes hallazgos:
Policía estatal. Durante 2024, sólo 275 elementos recibieron capacitación en principios del uso de la fuerza, 210 en derechos humanos y 79 en solución de conflictos; ninguno en manejo y control de multitudes. No se acreditó un programa de evaluación del uso de la fuerza. Carecía de un protocolo para iniciar y desarrollar investigaciones por presuntas faltas del personal, y registraba una tasa de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos superior a la media nacional.
- Procuración de justicia. La cobertura de seguro médico alcanzaba al 66% de los policías de investigación, al 90% de los peritos y al 93% del personal ministerial. La evaluación de desempeño sólo abarcó a 12 peritos, 113 policías de investigación y 58 ministerios públicos: 6%, 20% y 25% de sus respectivas plantillas. No hubo concursos de promoción para peritos, y reportó que no impartió cursos de actualización a ministerios públicos, peritos ni policías de investigación.
- Sistema penitenciario. El personal de seguridad y custodia carecía de seguros de salud e invalidez. No se habían realizado convocatorias de ascenso ni acreditado un programa general con calendario y planificación de cursos para custodios. La autoridad afirmó que todos aprobaron las evaluaciones de desempeño y de control de confianza, pero omitió el número de evaluados. También reservó información sobre equipamiento de seguridad, incluidos inhibidores de señal telefónica y detectores de drogas y explosivos. No se acreditó un protocolo general para investigar faltas de los custodios.
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- Policía estatal; al momento del estudio: serias omisiones en cuanto a capacitación relacionada con uso de fuerza, derechos humanos y manejo de multitudes; carecía de un protocolo para investigar faltas del personal; registraba una tasa de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos superior a la media nacional.
- Fiscalía, al momento del estudio: sin seguro médico para 34% de los policías de investigación; evaluación de desempeño para una minoría del personal; sin cursos de actualización a ministerios públicos, peritos ni policías de investigación; sin concursos de promoción para peritos.
- Sistema penitenciario, al momento del estudio: custodios sin seguros de salud e invalidez; sin convocatorias de ascenso; no se acreditó un programa general de formación ni se informó cuántos elementos fueron evaluados en desempeño y control de confianza.
Las doctoras Mónica Eugenia Moreno Rubio y Rocío González Velázquez, docentes investigadoras de la UAQ, señalaron la falta de armonización de las leyes estatales con el marco nacional; plantearon continuar con la evaluación de las instituciones; y consideraron que el estudio debe invitar a la academia a involucrarse más y dialogar con quienes elaboran las leyes y las políticas públicas.
El informe recomienda fortalecer los servicios profesionales de carrera, la capacitación, las prestaciones y el acceso de las mujeres a puestos de mando; mejorar los controles internos y la rendición de cuentas; y transparentar las condiciones de operación de las instituciones.
Después de la presentación en la universidad, Causa en Común sostuvo una reunión con la organización Causa Querétaro, con el fin de crear lazos de colaboración y líneas de acción para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia.