El debate del Paquete Económico 2027 es una oportunidad para fortalecer las finanzas gubernamentales y mejorar la operación de las empresas públicas del Estado. Con ese propósito, en México Evalúa presentamos un análisis, construído con información oficial auditada, sobre el costo de oportunidad que implicaría destinar crudo a la refinación en lugar de exportarlo.

El artículo 134 de la Constitución ordena que los recursos económicos de los que disponga la Federación se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Pemex es una empresa pública del Estado y las transferencias que recibe son recursos federales, de modo que preguntarse si un barril genera más valor refinado o exportado es un cuestionamiento legítimo sobre el cumplimiento de ese mandato.

El Paquete 2027 prevé 81 mil millones de pesos en transferencias a Pemex. Ese apoyo recurrente a la empresa es uno de los factores que inciden en la decisión de las calificadoras. En mayo de 2026, Moody’s redujo la calificación soberana a Baa3, y S&P Global Ratings la mantuvo en BBB, pero cambió su perspectiva a negativa. Implementar una estrategia real para disminuir la financiación a la petrolera sería un punto positivo a considerar para estas agencias.

Con información que reporta Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), estimamos que en 2025 refinar un barril dejó una renta de 26.2 dólares, mientras que exportarlo como crudo aportó 47.7 dólares. La diferencia —21.5 dólares por barril— da un costo de oportunidad de 153 mil millones de pesos en el año. Para 2027, siguiendo los supuestos de los Criterios Generales de Política Económica, el diferencial sería de 17.5 dólares por barril y una renta potencial de 137 mil millones de pesos anuales.

Capturar por completo esa renta potencial exigiría un cambio en el modelo operativo del sistema de refinación que no parece factible alcanzar en el corto plazo. En cambio, sí es posible calibrar la proporción de lo que se exporta versus lo que se refina para así recuperar una fracción de esa renta potencial. Proyectamos que Pemex podría obtener alrededor de 7.9 mil millones de pesos al año por cada 100 mil barriles diarios de capacidad de refinación que deje de operar y cuyo crudo se exporte en lugar de destinarlo a la refinación. Es deseable que el volumen de refinación se asocie a una capacidad de procesamiento que cubra el costo de la operación.

De acuerdo a las fuentes que consultamos, en 2025 el Sistema Nacional de Refinación (SNR) operó sólo al 58.6% de su capacidad y el 20.4% de su rendimiento fue combustóleo, un producto cuyo valor de mercado es hasta 13% menor que el crudo del que proviene.

El justo equilibrio entre refinar y exportar es una de varias palancas para mejorar la situación financiera de Pemex, y no necesariamente la mayor. Aunque la información pública auditada permite estimar su beneficio general, no encontramos los datos desglosados para verificar con precisión ese cálculo, así como saber qué plantas del SNR crean valor y cuáles lo disminuyen. En lugar de ello, en las fuentes públicas consultadas, la empresa reporta al SNR como un bloque único. Poner a disposición de la ciudadanía e investigadores datos más detallados en este respecto contribuiría a identificar áreas de mejora operativa en Pemex.

Recomendaciones de política pública

  1. Desglosar los costos operativos fijos y variables, los márgenes de procesamiento y la utilización de cada una de las siete refinerías del país, y poner esos datos a disposición de la ciudadania.
  2. Establecer un criterio técnico para destinar crudo a la exportación en aquellos casos donde el valor de los productos obtenidos en refinación no logre cubrir el costo de procesamiento.
  3. Condicionar los recursos destinados a infraestructura para garantizar que se dirijan prioritariamente a instalaciones de conversión (como coquizadoras) que incrementen la producción de gasolinas y diésel; o bien para aumentar la producción de crudo. En cualquier caso, para reducir el residuo de combustóleo.
  4. Someter cada planta a un análisis de costo-beneficio para determinar qué refinerías deben recibir mantenimiento, cuáles requieren reconversión y cuáles podrían ser ajustadas en su capacidad operativamente.
  5. Diseñar un plan transparente y gradual de reducción de transferencias del Gobierno federal hacia Pemex, vinculado a metas verificables de eficiencia operativa.

 

Desde México Evalúa reiteramos nuestro compromiso con la aportación de datos objetivos y constructivos que fortalezcan las decisiones de política pública. Confiamos en que la colaboración abierta entre las autoridades sectoriales, los tomadores de decisiones y la sociedad civil contribuirá a consolidar una empresa pública financieramente viable y sostenible.

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