La reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Inversión Extranjera, que incorpora a las Fuerzas Armadas a la revisión de capitales foráneos, abre un debate de fondo: cómo proteger la seguridad nacional sin desincentivar la inversión que el país necesita, de acuerdo con el especialista en Derecho Fiscal y Prevención de Riesgos Financieros y de Lavado de Dinero, Noé´ Amaro Luis, de Aya legal & Complice.
De acuerdo con el especialista, la propuesta, presentada en el Senado el 2 de septiembre y turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de 6 Estudios Legislativos Primera, modifica el artículo 23 para que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana integren, con voz y voto, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). La FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la UIF participarían de forma permanente, con voz pero sin voto, en los asuntos de seguridad nacional.
Desde su punto de vista, la iniciativa también crea un escrutinio especial para inversiones que superen el 49% del capital social de una sociedad mexicana y rebasen el monto que determine la Comisión, en sectores como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, seguridad alimentaria y acceso a información sensible. La CNIE podría autorizar la operación, condicionarla a medidas de mitigación o impedirla.
Riesgo de incertidumbre para el inversionista
Para Amaro Luis, el punto crítico está en la falta de parámetros claros.
“Cuando un mecanismo de autorización previa descansa en un concepto tan amplio como la seguridad nacional, el inversionista enfrenta un escenario de incertidumbre. Las decisiones de capital se toman con horizontes de largo plazo y requieren reglas predecibles, plazos definidos y criterios objetivos.”
El especialista advirtió que el efecto podría sentirse desde la etapa de planeación.
“Aun cuando no se llegue a impedir una operación, la sola posibilidad de un filtro discrecional puede encarecer las transacciones, alargar los tiempos y llevar a algunos inversionistas a considerar otras jurisdicciones.”
Impacto económico
Amaro Luis subrayó que los sectores sujetos al nuevo escrutinio son precisamente los que concentran buena parte de la inversión en manufactura avanzada, tecnología e infraestructura, y que podrían verse afectados el empleo, la transferencia de tecnología y la integración a cadenas de valor.
“Una menor atracción de inversión extranjera directa no es un efecto menor: repercute en el crecimiento, en la generación de empleo formal y en la capacidad del país para aprovechar su posición geográfica y comercial.”
Reputación internacional
En el plano externo, el especialista consideró que la señal es igual de relevante.
“La percepción de seguridad jurídica es un activo. Si la comunidad internacional interpreta que la participación de las fuerzas armadas introduce un componente de discrecionalidad en la aprobación de inversiones, México podría ver deteriorada su imagen como destino confiable, justo cuando compite con otras economías por el capital.”
¿Qué se requiere?
Sin desconocer la legitimidad de revisar riesgos de seguridad nacional, Amaro Luis planteó que el diseño final debería incluir definiciones precisas de “seguridad nacional”, criterios objetivos y públicos, plazos de resolución, mecanismos de impugnación y salvaguardas contra la discriminación por país de origen.
“El objetivo de proteger al país es válido. Lo que debe cuidarse es que el instrumento sea proporcional, transparente y no se convierta en un obstáculo para la inversión productiva.”
Otras voces
Especialistas en comercio exterior han advertido que el concepto de amenaza a la seguridad nacional podría resultar demasiado amplio, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó como “preocupante” la incorporación de las secretarías militares y de seguridad con voz y voto en la CNIE.