Por Rodolfo Luis Beltrán Bravo
Exministro de la Presidencia del Perú, y Director para América Latina y el Caribe de EARTHDAY.ORG
México y Perú representan hoy dos momentos distintos de una misma aspiración latinoamericana: construir Estados más eficientes, economías más competitivas y políticas públicas capaces de producir resultados y mantenerse más allá de los cambios de gobierno.
México fue pionero. En 1994 se convirtió en el primer país latinoamericano en ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Más de tres décadas después, su experiencia permite evaluar no solamente lo que significa pertenecer a la Organización, sino cómo utilizarla como un instrumento permanente de comparación, evaluación y modernización de las políticas públicas.
Actualmente, de los 33 países de América Latina y el Caribe, solamente cuatro —México, Chile, Colombia y Costa Rica— son miembros de la OCDE. Perú, Brasil y Argentina se encuentran en proceso de adhesión. La experiencia mexicana adquiere, por ello, un especial valor para nuestra región.
México: más de tres décadas de experiencia
La incorporación de México a la OCDE coincidió con una etapa de profunda apertura e integración de su economía al mundo.
Desde entonces, el país ha consolidado su posición en las cadenas globales de valor, particularmente en sectores manufactureros como automóviles, autopartes, electrónica y equipos industriales. Sus exportaciones como proporción del PIB se han multiplicado significativamente desde finales de la década de 1980 y México se ha convertido en un actor fundamental de la producción norteamericana.
La proximidad con Estados Unidos, su capacidad industrial, sus acuerdos comerciales y el desarrollo de cadenas productivas ofrecen hoy nuevas oportunidades derivadas del nearshoring, la digitalización y la reorganización mundial de las cadenas de suministro.
Esto no significa que pertenecer a la OCDE haya sido la causa exclusiva de esos avances. México realizó profundas transformaciones económicas y comerciales paralelamente a su participación en la Organización.
Pero la membresía le ha proporcionado durante más de tres décadas algo especialmente valioso: un mecanismo permanente para comparar políticas, medir resultados, identificar rezagos y contrastar su desempeño con otras economías.
Y la experiencia mexicana demuestra también algo fundamental: ingresar a la OCDE no significa haber concluido las reformas. Persisten desafíos en productividad, educación, desigualdad, informalidad, digitalización y capacidad institucional.
La membresía no es una graduación. Es un proceso continuo de evaluación y reforma.
Perú: más de una década recorriendo el camino
Perú se encuentra hoy en otro momento de esa trayectoria. Sin embargo, su acercamiento a la OCDE tampoco comenzó ayer.
En 2015 se estableció el Programa País OCDE-Perú, profundizando la cooperación en crecimiento económico, gobernanza pública, transparencia, capital humano, productividad y medio ambiente. Desde 2018, Perú ha venido implementando un Plan de Acción apoyado en instrumentos, estándares y análisis de la Organización.
El 25 de enero de 2022, el Consejo de la OCDE decidió abrir formalmente las conversaciones de adhesión con Perú y, en junio de ese mismo año, se aprobó la Hoja de Ruta. En junio de 2023, el país presentó su Memorándum Inicial.
Desde entonces, numerosos comités especializados vienen examinando legislación, políticas, instituciones y capacidad de implementación. Es, en la práctica, una evaluación integral del funcionamiento del Estado peruano.
Este esfuerzo ha atravesado sucesivos gobiernos y períodos de considerable inestabilidad política. La aspiración de ingresar a la OCDE comienza así a adquirir una característica que América Latina necesita fortalecer: ser una política de Estado y no solamente una política de gobierno.
El verdadero retorno de las reformas
Perú ya ha demostrado que estabilidad, inversión, apertura y reformas pueden producir enormes transformaciones económicas y sociales. Durante las primeras décadas de este siglo, la pobreza disminuyó extraordinariamente. Según la OCDE, entre 2004 y 2019 cayó aproximadamente 38 puntos porcentuales.
Sin embargo, parte de aquel impulso perdió velocidad. Persisten niveles elevados de informalidad, problemas de productividad, desigualdades territoriales y deficiencias institucionales. Perú necesita ahora una segunda generación de reformas.
Aquí aparece lo que podríamos llamar el verdadero ROI institucional. No sería serio sostener que cada dólar invertido en el proceso de adhesión producirá automáticamente determinada cantidad adicional de PIB. El retorno debe medirse de otra manera.
¿Cuánto gana un país cuando las inversiones pueden realizarse con reglas más claras y predecibles? ¿Cuánto representa elevar la productividad de millones de trabajadores? ¿Cuánto cuesta mantener una economía con elevados niveles de informalidad? ¿Cuánto puede ahorrar el Estado reduciendo duplicidades, burocracia y proyectos deficientemente ejecutados?
Y frente al cambio climático surge otra pregunta: ¿cuánto pueden ahorrar nuestros países si invierten sistemáticamente en prevención en lugar de reconstruir repetidamente después de los desastres?
Huracanes, El Niño, inundaciones, sequías, incendios, heladas, deslizamientos y terremotos pueden destruir en horas inversiones acumuladas durante décadas. Por ello, prevención y adaptación climática también deben formar parte de la política económica. La resiliencia también es productividad.
Perú: reformar antes de ingresar
Perú no necesita esperar a convertirse formalmente en miembro para comenzar a obtener beneficios de su aproximación a los estándares de la OCDE.
El inicio de un nuevo gobierno y los procesos de reorganización y modernización de sectores estratégicos ofrecen la posibilidad de utilizar las evaluaciones internacionales como insumo para reformas concretas. La agricultura constituye un buen ejemplo.
En julio de 2026, la OCDE publicó una extensa evaluación sobre las políticas para el futuro de la agricultura y la alimentación en Perú, desarrollada en el contexto del proceso de adhesión. El estudio reconoce el notable desarrollo agrícola peruano, pero también identifica desafíos de productividad, innovación, sostenibilidad, resiliencia, coordinación institucional y participación de pequeños productores.
La reorganización y modernización del sector agrario puede ser uno de los primeros ejemplos visibles de cómo utilizar el proceso de adhesión para modernizar el Estado.
Perú necesita un Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego moderno, eficiente, descentralizado y orientado a resultados, capaz de integrar agricultura familiar y agroexportación; seguridad alimentaria y comercio internacional; infraestructura hídrica y adaptación climática; innovación y conocimientos tradicionales; financiamiento rural, sanidad agraria, mercados y productividad.
Las comunidades como actores, no solamente beneficiarios
Existe además una experiencia peruana que merece recuperarse y actualizarse.
Los antiguos Comités Conservacionistas, vinculados a la conservación de suelos, agua y recursos naturales en las zonas altoandinas, dejaron una enseñanza que conserva plena vigencia: las comunidades no deberían ser consideradas solamente beneficiarias de las políticas públicas. Deben ser actores de su planificación, ejecución, conservación y mantenimiento.
Frente al cambio climático, la protección de cuencas, recuperación de andenes, conservación de suelos, reforestación, manejo del agua y prevención frente a heladas, sequías e inundaciones requieren ciencia y capacidad técnica del Estado, pero también conocimiento local, organización comunitaria y corresponsabilidad.
El productor deja de ser el último eslabón de una política diseñada en la capital para convertirse en socio de su implementación.
Educación para comprender, prevenir y decidir
La educación también forma parte de esta transformación. La educación ambiental y climática debe comenzar en las escuelas y extenderse a universidades, formación profesional y capacitación continua de funcionarios y tomadores de decisiones.
Frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes, México, Perú y toda América Latina necesitan ciudadanos que comprendan los riesgos, pero también agricultores, empresarios, profesionales y autoridades capaces de anticiparlos y actuar.
Un estudiante que hoy aprende sobre agua, alimentos, biodiversidad, energía y clima puede ser mañana un ingeniero, empresario, alcalde, ministro o presidente que deba tomar decisiones sobre esos mismos asuntos.
Educar para prevenir es también invertir en resiliencia, productividad y desarrollo.
América Latina también tiene algo que aportar
La relación con la OCDE no debe entenderse solamente en términos de lo que América Latina puede aprender de las economías desarrolladas.
México aporta una gran economía industrial, integrada profundamente a América del Norte, una extraordinaria tradición agrícola y cultural y más de tres décadas de experiencia como miembro de la Organización.
Perú es simultáneamente andino, amazónico y pacífico. Posee una de las mayores biodiversidades del planeta y una experiencia extraordinaria de adaptación a geografías extremas.
Los andenes, sistemas tradicionales de manejo del agua, diversidad genética de cultivos y agricultura desarrollada durante siglos en los Andes tienen hoy renovada vigencia frente a conceptos contemporáneos como resiliencia, agricultura regenerativa y adaptación climática.
Nuestros países tienen mucho que aprender de las economías más desarrolladas. Pero la OCDE también puede aprender de América Latina.
De la membresía a los resultados
México demuestra que entrar a la OCDE no termina las reformas. Perú puede demostrar que tampoco es necesario esperar a ingresar para comenzarlas.
Más de tres décadas separan hoy sus respectivos puntos de partida, pero existe una misma oportunidad: utilizar conocimiento, evidencia, estándares internacionales y cooperación para construir instituciones capaces de producir resultados concretos.
Para México, el desafío es aprovechar más de tres décadas de experiencia para profundizar su transformación productiva y social. Para Perú, convertir el proceso de adhesión en un acelerador de reformas.
Y para ambos, contribuir a que América Latina llegue a las próximas décadas con Estados más eficientes, economías más productivas, ciudadanos mejor preparados y territorios mucho más resilientes.
Ese sería el verdadero retorno de pertenecer —o aspirar a pertenecer— a la OCDE.