En el complejo tablero de la salud pública en México, existe una paradoja letal: mientras el fentanilo ilegal circula con rapidez en las calles, el medicamento capaz de frenar sus efectos mortales, la naloxona, se encuentra atrapado en una red de restricciones burocráticas que impide salvar vidas.
Bajo el lema “Si el fentanilo ilegal mata, la naloxona salva”, organizaciones civiles han intensificado un llamado urgente al Congreso de la Unión. Su demanda es clara: retirar la naloxona de la lista de sustancias psicotrópicas controladas para que su acceso sea libre, inmediato y universal.
Actualmente, el Artículo 245 de la Ley General de Salud clasifica a la naloxona como una sustancia psicotrópica de uso controlado. Esta etiqueta impone barreras que obligan a contar con una receta médica para su adquisición, un requisito que choca con la naturaleza de una sobredosis, donde cada segundo es la diferencia entre la vida y la muerte.
“Ante una sospecha de sobredosis es necesario actuar de inmediato. Aplicar naloxona puede ser la diferencia. Requerir una receta médica conlleva un tiempo que no tenemos para salvar una vida”, advierte el Dr. Enrique López, Coordinador Médico de PrevenCasa en Tijuana.
A diferencia de las sustancias que regula, la naloxona no tiene potencial de abuso, no genera dependencia y es segura incluso si se administra por error a alguien que no presenta una sobredosis.
La urgencia de las organizaciones mexicanas encuentra su sustento en las estadísticas de Estados Unidos. En el país vecino, la naloxona es de venta libre (OTC), una medida que contribuyó a una reducción del 37% en las muertes por sobredosis entre 2023 y 2024.
En México, ante el vacío del Estado, la responsabilidad ha recaído en la sociedad civil. Grupos de reducción de daños distribuyen cerca de 6,000 dosis anuales obtenidas mediante donaciones internacionales. Sin embargo, estas dosis son insuficientes para cubrir la demanda en ciudades críticas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, donde el consumo de opioides sintéticos ha crecido exponencialmente.
La exigencia ciudadana busca que se dictaminen las iniciativas presentadas por legisladores como Ricardo Monreal y Juan Carlos Loera de la Rosa. El objetivo es armonizar la legislación mexicana con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye a la naloxona en su lista de medicamentos esenciales desde hace años.
¿Por qué es vital la desclasificación?
- Disponibilidad: Permitiría que servicios de emergencia, policías y familiares de usuarios porten el fármaco.
- Costo y Acceso: Al dejar de ser un medicamento controlado, se facilitarían mecanismos legales para su compra masiva y distribución en zonas de alto riesgo.
- Primeros Respondientes: Como señala Óscar (Ciudad Juárez), un usuario activo de heroína: “Los usuarios somos los primeros respondientes. En los lugares donde se consume, es obligatorio tener naloxona”.
Mientras el debate legislativo continúa, las organizaciones civiles mantienen su postura: la regulación actual de la naloxona no solo es obsoleta, sino que está costando vidas que podrían evitarse con un simple spray nasal o una inyección intramuscular. La ciencia ya tiene la solución; solo falta que la ley permita aplicarla.