La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (Semarnat) informó para combatir la tala ilegal mediante la coordinación de tres ejes de acción de su Estrategia Nacional, destaca la revisión del marco jurídico actual, del cual se desprende la iniciativa presentada por el ejecutivo a la Cámara de Diputados.
Como resultado de un diagnóstico coordinado por la Semarnat en la Mesa de Judicialización, creada en el Gabinete de Seguridad “Puntos Críticos de Tala Ilegal y Deforestación” y coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), se evidenció la necesidad de fortalecer el marco normativo actual en materia penal a fin de implementar penas acordes con el daño ocasionado a los ecosistemas y la sociedad.
La intención es robustecer las penas aplicables previstas en los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal, así como fortalecer el carácter social del artículo 423 del mismo ordenamiento para proteger a la población rural e indígena que hace uso doméstico de los recursos forestales maderables evitando su criminalización.
La iniciativa tiene por objeto salvaguardar el derecho humano al medio ambiente sano a través del fortalecimiento de disposiciones que prevén responsabilidades por el daño y deterioro ambiental que se ocasiona por llevar a cabo actividades de tala de árboles sin contar con la autorización previa de la autoridad competente.
A nivel nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha identificado 122 zonas críticas en materia de cortas ilegales, lo que ha permitido planear y focalizar acciones de manera más eficiente y oportuna.
Actualmente se instrumenta en las 32 entidades federativas el Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando Forestal, así como programas sociales, como es el caso de Sembrando Vida, encaminado a revertir la degradación ambiental y desincentivar la deforestación y, con ello, la tala ilegal.
De manera paralela, se ejecutan acciones coordinadas de inteligencia, preventivas y judiciales en toda la cadena productiva forestal, con énfasis en los mercados, seguimiento de los flujos financieros y lavado de dinero. Se comenzó con un plan piloto en Campeche, entidad que ostenta el primer lugar en deforestación a nivel nacional y que gracias a la labor coordinada se han tenido resultados favorables.