El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señala que el ambiente político durante el periodo electoral posiblemente propicie mayor cautela entre los inversionistas, incluso en un momento en el que el proceso de relocalización comienza a generar expectativas positivas.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía, del primero de enero al 15 de marzo, se recopilaron 73 anuncios públicos de inversión realizados por el sector privado con una expectativa de 31,512 millones de dólares que se verán reflejados en los resultados de la inversión extranjera directa (IED) en los próximos dos a cuatro años.
No obstante, el entorno político, de inseguridad, violencia y corrupción podrían dificultar el cumplimiento de estos objetivos.
En un ambiente tan complicado, el CCE hace un llamado a la concordia entre los candidatos a la presidencia y el actual gobierno seguramente tendría un efecto muy positivo en varios sentidos, entre ellos, en las perspectivas de inversión productiva y bienestar de los hogares.
El organismo empresarial recordó que la polarización federal y falta de apoyos como proyectos de concesiones al sector empresarial han sido muy dañinos.
Claramente, esta situación constituyó y constituye un riesgo elevado en el mediano y largo plazos para la inversión y el crecimiento económico, en virtud de la pérdida de empresas y capacidad productiva, incluyendo la importante pérdida de vidas humanas.
En un contexto como este, de falta de fomento económico (en infraestructura, disponibilidad de energías limpias, seguridad, por mencionar algunos), el beneficio que puede significar el proceso de relocalización, así como los flujos de inversión podrían ser más cautelosos de lo necesario.
Hay que tener en cuenta que, ante un débil comportamiento de la inversión, la generación de puestos de trabajo productivos y bien remunerados sería insuficiente.
El riesgo crece ante el deterioro del estado de derecho y el elevado ambiente de inseguridad, delincuencia y corrupción que han continuado presentes en el escenario nacional.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que elabora el INEGI, en 2023 estos factores fueron considerados como los de mayor preocupación por la población de 18 años y más en su entidad federativa.
Se informó que el sector privado es también la principal fuente de ingresos recurrentes del sector público. Es decir, es el proveedor principal de recursos para que el gobierno cumpla con sus obligaciones.
En 2023 las empresas grandes, que representan el 0.02 por ciento de los contribuyentes, generaron el 51 por ciento del total de la recaudación tributaria. Al sumar al resto de personas morales -que constituyen el 4 por ciento de los contribuyentes- la recaudación generada por las empresas privadas del país se eleva a 72 por ciento.
La importancia del sector privado y su potencial es evidente. Pero a menudo el discurso oficial parecería ignorarlo. Si la postura del gobierno fuera de apoyo para la generación de un ambiente de negocios competitivo, dinámico y seguro y no adversa a la iniciativa privada como algunas ocasiones parece ser, con el fin de mantener la lealtad de la base electoral del régimen, la capacidad de crecimiento de México sería mayor.
El discurso y la política que ha mantenido el gobierno han propiciado una división que va más allá del empresariado. Además, los problemas sociales reales del país no han sido enfrentados con estrategias claras. Ello ha dañado la percepción internacional sobre la seguridad en el país en varios sentidos que podría hacer más cautelosa la llegada de inversión.