El Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés) presentó la décima edición del Índice de Paz México 2023 (IPM). Los resultados analizados revelan una reducción del 7.9 por ciento de los homicidios y modificaciones en los mercados ilegales de drogas, así como la disputa entre cárteles por territorios y por tener el control de los canales de distribución de estupefacientes hacia Estados Unidos.
El IEP señala que en el listado de las entidades más seguras, el estado de Querétaro se localiza en el sitio 16 de las 32 entidades en materia de seguridad. Los primeros sitios son Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit.
En el tema de los casos registrados de personas extraviadas o desaparecidas por estado, del periodo 2015-2022, el estado de Querétaro es la 7ma entidad con menos casos de ese delito. Los primeros tres son: Tlaxcala, Campeche y Yucatán.
Sobre el costo económico que significa la violencia por entidad federativa; la que tiene menos impacto en ese rubro es Yucatán con 26.2 mil millones de pesos; mientras que en el caso de Querétaro fue de 75.5 mil millones de pesos.
En materia de los municipios con las tasas de homicidios más bajas -tasas municipales de homicidios oscilan entre una y 200 muertes por cada 100,000 habitantes-, las demarcaciones más seguras del país son Mérida, Yucatán; Corregidora, Querétaro; y Ciudad Madero, Tamaulipas.
Tres de los cinco indicadores del IPM mejoraron en 2022: homicidios, delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia. En especial, la tasa nacional de homicidios disminuyó 8%, la mayor caída desde 2015. A pesar de estas mejoras, la tasa de 24.5 por cada 100 mil personas, sigue siendo alta y equivale a 87 homicidios por día.
Durante 2022, 17 estados registraron una mejora general en sus niveles de paz, mientras que 15 entidades sufrieron deterioros. Desde 2015, Yucatán se ha clasificado constantemente como el estado más pacífico del país, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Nayarit y Tamaulipas.
En 2022, las mayores mejoras en la paz se dieron en Chihuahua, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí y Durango. En contraste, Colima, Nuevo León, Campeche, Hidalgo y el Estado de México registraron los mayores deterioros.
Los cinco estados menos pacíficos son Colima, con el mayor deterioro de paz registrado y la tasa de homicidios más alta desde el inicio del IPM, hace 10 años; seguido de Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos, los cuales mostraron un aumento en cuanto a crímenes de la delincuencia organizada.
El crimen organizado sigue impulsando altos niveles de homicidio en México. Los estados que registraron los mayores deterioros en sus tasas de homicidio albergaron conflictos entre cárteles. En 2015, los enfrentamientos en los que participaba al menos uno de los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, representaban el 42 por ciento de todas las muertes por conflictos entre grupos de la delincuencia organizada, pero en 2021 la cifra se elevó al 95 por ciento de estas muertes.
La violencia homicida contra policías, periodistas y activistas sigue al alza. En 2022, se clasificó a México como el lugar más mortífero del mundo para ser activista ambiental, y el segundo más peligroso para hacer periodismo, solo después de Ucrania.
En 2022, el impacto económico estimado de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (USD 230 mil millones). Esto equivale al 18.3 por ciento del PIB de México o 35,705 pesos por persona. Este rubro mejoró por tercer año consecutivo, disminuyendo en un porcentaje récord de 5.5 por ciento, o 270 mil millones de pesos, con respecto al año anterior. Por otra parte, se calcula que entre 2015 y 2022 el aumento de homicidios provocó una pérdida de 324 mil millones de pesos (USD16 mil millones) en inversión extranjera directa.
El gasto de México en seguridad pública y el sistema judicial en 2022 fue igual al 0.6 por ciento del PIB, el menor de cualquier país latinoamericano o miembro de la OCDE. Además que el gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.3 por ciento entre 2015 y 2022, mientras que el gasto en el sistema judicial se redujo en un 7.9 por ciento.
Por primera vez, se incluyó en esta edición del IPM un análisis sobre la polarización política y social en el país. El reporte concluye que la polarización socava la capacidad de los gobiernos para operar con eficacia y cohesión, así como también disminuye la confianza y la disposición de los ciudadanos para participar en los procesos cívicos.