En el marco de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) celebrada en Turquía, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación PRISMA (Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente) lanzan un policy brief que destaca las contribuciones de Mesoamérica a los esfuerzos globales para detener la deforestación.
Las experiencias de la región ofrecen aprendizajes que pueden orientar políticas públicas e inversiones capaces de sostener la conservación de los bosques a largo plazo. Mesoamérica es una región estratégica para la conservación global: alberga entre 7% y 8% de la biodiversidad mundial.
Aproximadamente, 65% de sus bosques se encuentra bajo algún esquema de propiedad o uso colectivo de Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes y Comunidades Locales (PIPADCL). La relación entre los bosques y las formas de propiedad y organización colectiva hace de Mesoamérica una región con aprendizajes clave para detener la deforestación. La cual contribuye globalmente a 11% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
El documento, que lleva por nombre “Detener la deforestación requiere gobernanza territorial. Lecciones de Mesoamérica para orientar políticas públicas e inversiones para la conservación de territorios forestales”, plantea cuatro aprendizajes clave que se han dado en la región para conservar los territorios forestales y sus funciones ecológicas, sociales y culturales.
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Los derechos territoriales deben ser reconocidos y garantizados
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La gobernanza y la acción colectiva son indispensables para ejercer los derechos territoriales
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La conservación de los bosques se sostiene cuando se articula con economías territoriales
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Las políticas públicas y el financiamiento generan resultados más duraderos cuando fortalecen la gobernanza territorial
Desde el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos territoriales; pasando por el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la acción colectiva; la articulación de la conservación con las economías territoriales; hasta el papel de las políticas públicas y el financiamiento en el fortalecimiento de los procesos de gobernanza.
Habilitar condiciones para que estos aprendizajes guíen la implementación de instrumentos para detener la deforestación debe cobrar amplia relevancia en el contexto actual de las discusiones climáticas internacionales.
Adicionalmente, señalan que los avances en gobernanza territorial que han hecho posibles estas experiencias enfrentan presiones crecientes en la región. Entre ellas, la expansión extractiva y agroindustrial, los megaproyectos de energía e infraestructura, el avance de economías ilegales, la criminalización de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente; y el debilitamiento institucional, entre otras.
A lo anterior, se suma la reducción y distribución desigual del financiamiento internacional destinado a los bosques. En 2023, Latinoamérica y el Caribe recibieron 753 millones de dólares, equivalentes a 26% del total mundial. De estos recursos, 69% se concentró en cinco países sudamericanos: Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina. Esto significa que el 31% restante tuvo que distribuirse entre los demás países de la región, incluidos los de Mesoamérica, lo que evidencia la limitada disponibilidad de recursos para financiar la conservación de sus territorios forestales.
Frente a este escenario complejo, las organizaciones expresan que para conservar los bosques, y detener la deforestación, los Estados deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos territoriales colectivos y proteger los sistemas de gobernanza que los PIPADCL han construido y sostenido durante generaciones.