Mientras México alcanzó un récord de 34,967.5 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2026, los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán captaron en conjunto apenas 1,390.1 millones de dólares, equivalentes al 3.98% del total nacional, de acuerdo con un cálculo elaborado con cifras de la Secretaría de Economía.
Aunque la inversión en el sureste aumentó frente a los 620.1 millones de dólares reportados originalmente para el mismo periodo de 2025, la región continúa mostrando una marcada diferencia respecto a otros destinos del país. Tan solo Nuevo León recibió 3,711.7 millones de dólares durante la primera mitad de 2026, más del doble de lo captado por los siete estados en conjunto. Las cifras son preliminares y están sujetas a actualización.
Para Pedro Javier Leyva Lizárraga, especialista en regulación financiera y gobierno corporativo, señaló que, “el desafío para el sureste no se limita a atraer capital, sino a generar las condiciones necesarias para que las inversiones puedan concretarse y traducirse en actividad económica regional”.
Quintana Roo lidera la inversión extranjera en el sureste
Entre los estados de la región, Quintana Roo registró la mayor captación de IED, con 436.1 millones de dólares, seguido de Veracruz, con 270.4 millones; Yucatán, con 260.9 millones, y Tabasco, con 254.6 millones. En contraste, Chiapas recibió 77.7 millones; Oaxaca, 56.1 millones, y Campeche, 34.3 millones. Estos montos incluyen reinversión de utilidades, nuevas inversiones y cuentas entre compañías.
“La recuperación de los flujos es una oportunidad para ampliar la base de inversión de la región. Para aprovecharla, cada proyecto necesita condiciones jurídicas que permitan financiarlo y un calendario de autorizaciones y servicios que pueda incorporarse a su evaluación”, agregó Leyva.
Si bien las cifras de IED permiten identificar diferencias en la captación de recursos, no establecen por sí mismas las causas de estas brechas. Factores como la infraestructura disponible, la seguridad, la especialización productiva, el acceso al financiamiento y la certeza jurídica también intervienen en las decisiones de inversión.
Corredor Interoceánico: el reto de convertir proyectos en inversiones operativas
Uno de los principales espacios para evaluar estas condiciones es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyos polos de desarrollo requieren articular la disponibilidad de terrenos, servicios, financiamiento y autorizaciones para facilitar la instalación de empresas.
Para Leyva Lizárraga, el seguimiento de estos proyectos debe permitir identificar cuáles cuentan con derechos sobre los terrenos, infraestructura disponible y condiciones financieras suficientes para comenzar operaciones.
“Un banco necesita evaluar qué derechos tiene la empresa sobre el inmueble, cuánto durarán y qué garantías puede constituir. Resolver esas condiciones desde el inicio ayuda a que el proyecto tenga acceso a crédito y evita descubrir obstáculos cuando ya comprometió capital”, explicó.
En materia regulatoria, el decreto federal de mayo contempla una autorización para la implementación inmediata de proyectos elegibles, que debe emitirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, sujeta a los requisitos aplicables. Sin embargo, el especialista considera necesario acompañar este plazo con información verificable sobre su cumplimiento, así como sobre los permisos y obras que requiere cada inversión.
En este sentido, propone establecer antes de las licitaciones las condiciones contractuales, los derechos sobre los terrenos y las garantías legalmente disponibles, además de coordinar los calendarios de instalación de las empresas con las fechas de disponibilidad de servicios.
Financiamiento para proveedores locales, clave para ampliar el impacto regional
Más allá de la llegada de grandes inversiones, otro de los desafíos para el sureste es incorporar a las empresas locales en las cadenas de suministro de los nuevos proyectos.
Para ello, Leyva Lizárraga recomienda desarrollar esquemas de crédito y garantías con la banca de desarrollo que permitan a los proveedores regionales financiar sus operaciones, adquirir equipo y cumplir con los requisitos de las empresas inversionistas.
Asimismo, plantea que el seguimiento público de las inversiones incluya información sobre proyectos en trámite, en construcción y en operación, así como indicadores sobre la participación de compañías locales en sus cadenas de suministro.
“La inversión puede generar más oportunidades locales si las empresas proveedoras tienen cómo financiar pedidos, adquirir equipo y cumplir los requisitos de sus clientes. El resultado debe medirse también en su capacidad para participar y crecer junto con los nuevos proyectos”, concluyó.