La nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, propuesta por el Ejecutivo Federal y actualmente en discusión en el Congreso, podría modificar de manera relevante las obligaciones ambientales de las empresas que operan en México.
De acuerdo con el análisis de Federico Ruanova, Senior Counsel, y Alejandra Muriel Vizcaíno, Asociada Senior de Baker McKenzie, uno de los principales cambios sería la eliminación expresa de la afirmativa ficta. Con este ajuste, el silencio de la autoridad ambiental ya no equivaldrá a un permiso automático, por lo que las empresas tendrán que esperar una respuesta explícita antes de arrancar, ampliar o reubicar cualquier proyecto.
El proyecto también ampliaría el universo de obras y actividades sujetas a evaluación federal, incluyendo proyectos del sector hidrocarburos, obras que impliquen remoción de vegetación forestal, determinadas actividades en áreas naturales protegidas federales y bancos de materiales vinculados con proyectos sujetos a evaluación federal. Además, las solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos forestales tendrían que presentarse simultáneamente con la manifestación de impacto ambiental.
Hasta $234.6 millones por incumplimientos
Uno de los cambios con mayor impacto económico sería el nuevo régimen sancionatorio. La iniciativa contempla multas de 80 a 2,000,000 de UMAs, equivalentes aproximadamente a $9,385 y $234.6 millones de pesos, además de posibles clausuras, decomiso de materiales y sustancias y, en determinados casos, suspensión o revocación de autorizaciones, licencias y permisos ambientales.
El proyecto también plantea crear un Registro de Infractores Ambientales y establecer mecanismos para determinar y valorar económicamente el daño ambiental.
Una ventana para regularizar operaciones
Al mismo tiempo, la iniciativa contempla un mecanismo para regularizar voluntariamente determinadas obras o actividades que operan sin autorización de impacto ambiental, mediante la presentación de un estudio de daño ambiental.
Para las empresas, esto podría representar una oportunidad para identificar y atender brechas de cumplimiento antes de una eventual visita de inspección. Entre las acciones recomendadas por los especialistas están revisar las autorizaciones ambientales de cada instalación, verificar su vigencia y condicionantes, identificar brechas de cumplimiento y ajustar los calendarios de proyectos que dependan de autorizaciones ambientales.
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y el 28 de septiembre comenzaron las audiencias públicas. El texto todavía podría modificarse durante el proceso legislativo; la entrada en vigor y el régimen transitorio dependerán de lo que establezca el decreto que eventualmente se apruebe.
Con este análisis, Baker McKenzie aporta visibilidad sobre las implicaciones legales y operativas que la iniciativa podría representar para el sector productivo en México.