El World Resources Institute México (WRI México) y la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) presentaron ayer una declaración conjunta titulada “Hacia un sistema fiscal progresivo y verde: el potencial de los gobiernos subnacionales en la transición justa”, con el objetivo de acompañar a los estados en el diseño de instrumentos fiscales progresivos que contribuyan a la acción
climática y a una transición justa desde los territorios.
El documento, presentado en el evento “Fiscalidad progresiva para transición justa”, celebrado en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, establece los principios, compromisos y líneas de acción que ambas organizaciones asumen para cerrar la brecha entre la política fiscal y la política climática, dos agendas que “ya son, en la práctica, una sola”, según señaló el Dr. Luis Miguel Galindo, Director de Clima, Economía, Finanzas y Energía de WRI México.
“México vive una paradoja del desarrollo: crece el PIB, el consumo y la inversión, pero al mismo tiempo esto genera un conjunto de externalidades negativas que están erosionando las bases de sustentación de este crecimiento económico”, afirmó.
El directivo enfatizó que transitar hacia un desarrollo sustentable “no es solo hoy en día una aspiración legítima, sino una necesidad fundamental para mantener nuestros niveles de crecimiento y mejoras del bienestar”. En ese contexto, la política fiscal verde juega un papel central para hacer posibles estas transiciones, ya que requiere la configuración de grandes consensos que permitan ligar al mismo tiempo la discusión económica, social y ambiental.
Estados en la primera línea del cambio climático, con menos recursos
El diagnóstico compartido por WRI México y la AJF revela un panorama marcado por tres crisis interrelacionadas: finanzas públicas, cambio climático y desigualdad.
México enfrenta una de las recaudaciones públicas más bajas de América Latina como proporción del PIB, junto con un déficit fiscal cercano al 5% del PIB y una deuda pública del 54% del PIB, lo que deja un margen fiscal muy limitado para nuevas políticas públicas.
A nivel subnacional, el 81.7% de los ingresos estatales depende de transferencias federales, lo que restringe la capacidad de los estados para responder con recursos propios a sus necesidades específicas.
Sobre esta situación se superponen los costos del cambio climático. En 2023, los daños y pérdidas por fenómenos de origen natural ascendieron a 88,910 millones de pesos —equivalentes al 0.3% del PIB—, y se concentran de manera desproporcionada en los territorios con menor capacidad de respuesta. “Los estados con mayor pobreza son también los que registran las mayores pérdidas económicas por el cambio climático. Esa doble desventaja es exactamente lo que esta colaboración busca empezar a corregir”, afirmó Sofía Appl Scorza, de la Secretaría Técnica de la Alianza por la Justicia Fiscal.
Cuatro líneas de acción para una fiscalidad verde y justa
La colaboración se organiza en cuatro líneas de acción que se construyen de manera conjunta y que articulan la experiencia de WRI México en acción climática subnacional con la trayectoria de la AJF en fiscalidad progresiva. Esa complementariedad es precisamente lo que da sentido a la colaboración. En primer lugar, ambas organizaciones generarán evidencia técnica accesible y propuestas de política pública para el diseño de instrumentos fiscales verdes dirigidos a gobiernos subnacionales a partir de su trabajo de medición y análisis económico en precios al carbono, electromovilidad y otros instrumentos fiscales.
En segundo lugar, el fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales estará basado en las experiencias subnacionales de ambas organizaciones en cambio climático, fiscalidad progresiva y coordinación multinivel, para que los estados puedan diseñar, adaptar, operar y sostener en el tiempo instrumentos fiscales con perspectiva climática. En tercer lugar, WRI México y la AJF brindaran de manera conjunta acompañamiento técnico directo a estados, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, mediante herramientas y propuestas a la medida de sus capacidades y contextos.
Finalmente, la articulación de la demanda social e institucional para una fiscalidad verde y justa se impulsará mediante espacios de difusión e interlocución con actores locales que combinaran el vínculo de la AJF con redes de la sociedad civil y la evidencia técnica y el trabajo subnacional de WRI México. Esta estrategia busca vincular demandas ciudadanas prioritarias con la agenda fiscal verde y construir una narrativa de beneficio inmediato que incremente la aceptación social de los instrumentos fiscales verdes.
Voces del evento: urgencia, viabilidad y oportunidades
Judith Méndez, Directora Ejecutiva del CIEP, subrayó que “toda política fiscal verde tiene que responder a tres preguntas: con cuánto presupuesto se va a implementar, desde qué nivel de gobierno y para qué se va a usar el gasto. Sin esa claridad, no hay legitimidad posible”. Méndez añadió que esta conversación es oportuna porque “está en plena discusión del Paquete Económico 2027 y en un par de semanas permeará en los paquetes económicos de los gobiernos subnacionales”.
Por su parte, Saúl Basurto, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, celebró la colaboración y señaló que “el tema de la transición justa es algo que se debe trabajar y a nivel de gobiernos subnacionales es un avance muy importante”. Basurto enfatizó que “un impuesto al carbono bien diseñado recauda más de lo que cuesta reparar el daño ambiental. Por lo que los recursos adicionales pueden destinarse tanto a la restauración de ecosistemas como atender otras prioridades de gasto público”.
Jesús Tadeo Rodríguez, Director de Ciencia y Datos de INDETEC, apuntó hacia las oportunidades inmediatas: “Muchos de los instrumentos ambientales que ya existen a
nivel subnacional ni siquiera son impuestos, sino derechos y aprovechamientos con un enorme margen de mejora en su cobro. Ahí hay una oportunidad inmediata para los estados”.
Saúl Pereyra, Gerente Senior de WRI México, destacó el sentido de la colaboración: “Nuestro papel es acompañar técnicamente a los gobiernos subnacionales para que puedan diseñar, implementar y evaluar instrumentos fiscales con una perspectiva climática real, no solo recaudatoria”.
WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal lanzan declaración conjunta para impulsar una fiscalidad verde
