Con motivo de su segundo año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su segundo informe de actividades, en el que proyectó un estado general de progreso y logros en torno a rubros clave como seguridad, estabilidad macroeconómica, educación, apoyos sociales e inversiones estratégicas en sectores como el energético, infraestructura y salud, sin destacar avances significativos en cuanto a protección ambiental se refiere.
En este marco, desde Greenpeace México señalamos que persiste una visión en la que el cuidado y la preservación del medio ambiente no es prioritaria y, ante todo, el presente año ha estado marcado por grandes retrocesos en el sector ambiental.
Por ejemplo, en relación a lo que la actual administración plantea como “desarrollo” (2024–2026), se han priorizado una serie de obras de infraestructura a gran escala centradas principalmente en la expansión de la red de transporte (pasajeros y carga) y la “autosuficiencia energética”, además de la implementación de diversos mega-proyectos con fuertes impactos territoriales.
Aunado a ello, la reciente posibilidad de abrir las puertas a la explotación de gas fósil desde la técnica del fracking no convencional, bajo el argumento del “fracking sustentable”, manteniendo así la dependencia al modelo energético basado en combustibles fósiles pese a los múltiples “accidentes”, que deberían ser llamados siniestros, vinculados a esta industria que continúan contaminando y poniendo en riesgo a las comunidades, como el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero, negando inicialmente la responsabilidad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el suceso, y los incendios del pozo Krem-1 a inicios de marzo pasado, y la Refinería Dos Bocas que llevó a la muerte de cinco trabajadores, mientras se firman acuerdos de entendimiento de esta misma paraestatal con Brasil para ampliar la exploración petrolera en el Golfo.
La respuesta del gobierno de México frente a estos sucesos fue altamente cuestionable al estar marcada por una falta de transparencia y rendición de cuentas sobre las causas y los impactos reales, cuyos efectos, en el caso del derrame petrolero en el Golfo de México, han impactado también las actividades económicas de las comunidades dependientes del mar, y que hasta agosto de este año continúan sin respuestas concretas sobre la restauración y reparación del daño de los ecosistemas de los que dependen para su sustento.