POR: Rafael Cienfuegos Calderón
La política exterior de México se caracteriza en los últimos ocho años por respaldar a países supuestamente de izquierda como Cuba, Venezuela y Nicaragua y solapar bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos la desaparición de principios democráticos y políticos, la violación de derechos humanos y la represión.
En Nicaragua la población vive sometida, aterrada y bajo el yugo de una cruenta, sanguinaria e inhumana dictadura que aunque civil tiene el respaldo absoluto de las Fuerzas Armadas desde 2007 cuando el exguerrillero Daniel Ortega arribó al poder.
El pasado 19 de julio, día en que se conmemoró el triunfo de la Revolución Sandinista con la entrada en 1979 a Managua del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tras la caída del dictador Anastasio Somoza, Ortega anunció que cancelará para siempre las elecciones.
Su mensaje, que puso al descubierto su obsesión por el poder fue contundente: “Que (los opositores) se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”,
En la conferencia del 27 de julio la presidenta Claudia Sheimbaum fue cuestionada sobre lo expuesto por su homólogo y lejos de condenar tal decisión que imposibilitaría restaurar la anhelada democracia para los nicaragüenses defendió el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
“Lo que decida el pueblo de Nicaragua, nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”, resonó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
¿Acaso cree que por decisión propia el pueblo de Nicaragua vive en las condiciones en que se encuentra, cuartadas las libertades de reunión, expresión y organización política, reprimida, perseguida, encarcelada, asesinada y exiliada por oponerse al régimen dictatorial?
La postura de Sheinbaum se alinea con la que caracterizó al expresidente, su mentor político: evitar señalamientos contra mandatarios de América Latina bajo el principio de autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
Por eso no sorprendió –pero sí indignó- que México se haya abstenido de votar en la reunión urgente a la que convocó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los países miembros para definir “acciones apropiadas” sobre la amenaza de Daniel Ortega de cancelar las elecciones en Nicaragua.
Alejandro Encinas, representante de México, justificó la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum con que la situación interna de Nicaragua “no constituye una amenaza a la paz o la seguridad hemisférica”.
Eso aunque en casi dos décadas en el poder Ortega ha consolidado su régimen autocrático mediante la captación progresiva de instituciones y una represión sistemática. Controla el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y reformó la Constitución para eliminar los límites a la reelección y que su designación sea indefinida.
El fraude recurrente y la ilegalización de los partidos de oposición fueron la estrategia para quebrantar las elecciones. El exguerrillero implementó un Estado policial de facto con violenta represión a las manifestaciones que exigen el fin del régimen.
Encarceló a los principales precandidatos presidenciales, líderes cívicos, periodistas y miembros de la Iglesia católica previo a las ilegales elecciones de 2021, decretó el cierre masivo de Organizaciones no Gubernamentales, medios de comunicación y universidades.
Y en un régimen sin elecciones y con 80 años a cuestas hay la posibilidad real de que Ortega instaure una dinastía gobernante con la sucesión del poder a su esposa Rosario Murillo -con la que cogobierna- y sus nueve hijos.
Todo bajo el encubrimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos.