En los últimos meses, México ha fortalecido su marco regulatorio para proteger la identidad digital mediante tecnologías biométricas. Como parte de estos cambios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actualizaron las disposiciones para las instituciones financieras, autorizando el uso de reconocimiento facial en operaciones presenciales de mayor riesgo, principalmente para cuentas de niveles 3 y 4. La validación deberá alcanzar al menos un 90% de coincidencia con bases oficiales del INE, la SRE, el SAT u otras dependencias autorizadas. Además, los bancos podrán crear sus propias bases de datos biométricas, exclusivamente para procesos internos de autenticación y bajo supervisión de la CNBV.
Paralelamente, el Senado impulsa una nueva ley general para regular y fomentar el uso de la Inteligencia Artificial, donde busca la utilización de aplicaciones para la manipulación cognitiva de los usuarios mediante IA, cómo se utiliza esta tecnología para tomar decisiones automatizadas (por ejemplo, en la concesión de créditos), o el uso de dobles digitales para la comisión de fraudes mediante robos o suplantaciones de identidad, modificando el artículo 272 Bis de la legislación.
Esta nueva normativa, que nace siguiendo el modelo de la legislación europea en materia de IA, complementará directamente iniciativas legislativas ya existentes, como las impulsadas por la Suprema Corte de Justicia, que validó en 2025 los agravantes por uso de la tecnología y de la Inteligencia artificial para la comisión de delitos, y que tiene previsto aplicar penas de entre 5 y 15 años de cárcel en aquellos casos en los que se utilicen los conocidos “Deepfakes” o dobles digitales para cometer fraudes o robos de identidad, dependiendo del monto del delito llevado a cabo.
Esta actualización normativa también recoge penas entre los 4 y los 12 años de prisión si se utilizan los dobles digitales para simular un secuestro o un engaño familiar. Además, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), aprobada el 20 de marzo de 2025, propone multas de hasta $69.4 millones de pesos a aquellas empresas que fallen en su labor de custodia de los datos personales y las credenciales digitales de sus usuarios, en aquellos casos en los que esta información se utilice para la generación de dobles digitales que, posteriormente, se utilicen para llevar a cabo fraudes.
Este nuevo entorno regulatorio refleja una realidad y es que los mecanismos tradicionales de autenticación para entidades financieras y usuarios ya no son suficientes frente al crecimiento de amenazas impulsadas por inteligencia artificial. Contraseñas, códigos SMS o documentos físicos pueden ser vulnerados mediante identidades sintéticas, clonación de voz o deepfakes, por lo que la biometría comienza a consolidarse como uno de los principales mecanismos de confianza para ciudadanos, empresas e instituciones.
Ante este escenario, soluciones especializadas como las de Identy.io ya incorporan capacidades alineadas con los nuevos requerimientos regulatorios, incluyendo biometría facial con prueba de vida pasiva, deduplicación masiva de identidades, captura biométrica desde dispositivos móviles y modelos de privacidad por diseño, donde las credenciales biométricas permanecen cifradas y protegidas bajo control del propio usuario, sin depender de almacenamiento en la nube.
La compañía cuenta además con certificaciones internacionales como ISO/IEC 30107-3 para detección de ataques de presentación, ISO 27001 para gestión de seguridad de la información y evaluaciones del National Institute of Standards and Technology (NIST) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), donde su tecnología registró cero ataques aceptados durante pruebas de detección de intentos de suplantación mediante deepfakes y otros ataques biométricos.
«México está sentando las bases de una nueva infraestructura de confianza digital en toda la región. La convergencia entre regulación financiera, protección de datos e inteligencia artificial responde a una misma necesidad de garantizar que detrás de cada transacción exista una identidad auténtica y verificable. La biometría dejará de ser una herramienta complementaria para convertirse en un componente esencial de la seguridad digital en prácticamente todos los sectores de la economía, señaló Jesús Aragón, CEO de Identy.io.
Más allá del cumplimiento regulatorio, las recientes iniciativas representan un cambio de paradigma para la economía digital mexicana. Conforme aumentan los riesgos derivados de la inteligencia artificial, la capacidad de verificar identidades de manera segura, privada y resistente al fraude será un factor determinante para fortalecer la confianza entre ciudadanos, empresas y gobierno, consolidando a la identidad digital como una de las infraestructuras críticas del desarrollo tecnológico del país.