Ante las nuevas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se advierte el endurecimiento de las medidas regulatorias contra el lavado de dinero. Ahora las empresas deben tener mayor cuidado en la verificación del origen de los recursos, pues las autoridades emitirán sanciones administrativas y penales. Cambios que obedecen a dos ejes centrales: el paquete de reformas internas de la actual administración y el contexto geopolítico.
Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2025 reflejan la creciente relevancia de estas medidas, ya que 1 de cada 3 sanciones impuestas por la institución está relacionada con fallas en los controles de prevención de lavado de dinero o con la detección de conductas ilícitas. A ello se suma la alineación con estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, así como presiones geopolíticas —particularmente de Estados Unidos— que impulsan un mayor control sobre las operaciones financieras.
“Más que una reforma exclusivamente empresarial, es un cambio que también obedece a un contexto internacional”, afirma Ulises Moreno, líder de compliance corporativo y anticorrupción en la firma Pérez Correa González (PCG). “La actualización amplía su regulación a otros sectores donde se manejan grandes volúmenes de recursos, por lo que las consecuencias recaerán en aquellas organizaciones que no han fortalecido sus mecanismos de prevención de lavado de dinero”.
El sector de criptomonedas, desarrolladores inmobiliarios y estructuras corporativas complejas, ahora también están obligados a dar cumplimiento. La firma legal Pérez Correa González comparte algunas recomendaciones que facilitan el cumplimiento y brindan mayor claridad frente a la autoridad.
- Beneficiario final o controlador
Las empresas deberán evitar omisiones en sus estructuras corporativas, fideicomisos o el uso de prestanombres al momento de realizar operaciones financieras. En este sentido, la reforma refuerza la figura de beneficiario controlador, que en la práctica recae en perfiles como el accionista mayoritario, el administrador único o los integrantes del consejo de administración.
“La omisión en la identificación del beneficiario controlador puede derivar en sanciones económicas significativas, que en algunos casos ascienden a varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento”, destaca Ulises. “En este contexto, se requiere una coordinación estrecha entre áreas como compliance, recursos humanos, relaciones públicas, contabilidad y administración, encargadas de gestionar y resguardar la información relevante”.
Vigilar el riesgo y más que cumplimiento
El proyecto refuerza las obligaciones de debida diligencia, exigiendo a las empresas implementar mecanismos robustos de identificación de clientes, monitoreo de operaciones y reporte de actividades inusuales.
Se exige un rol más activo de las empresas para identificar el riesgo y no solo dar cumplimiento administrativo. Esta tendencia es decisiva en cuestión operativa y reputacional, de hecho, un estudio realizado por LexisNexis® Risk Solutions reveló que el cumplimiento contra delitos financieros en las empresas mexicanas es de US$900 millones por año.
- Equipos de cumplimiento
El nivel técnico de cumplimiento se eleva para lograr transparencia constante frente a la autoridad. El mayor reto es que las empresas ya no pueden operar con controles básicos, ahora necesitan una estrategia de compliance basada en riesgo, transversal y documentada. Es decir, los obligados deberán fortalecer sus equipos de compliance.
“Además de sistemas legales más complejos, se demanda mayor firmeza, precisión y cuidado en la toma de decisiones de empresarios para rechazar operaciones cuando no sea posible acreditar el origen de los recursos o identificar plenamente al beneficiario final. Esto puede previene la pérdida del negocio o consecuencias legales graves” concluye el experto en compliance.
El fortalecimiento del marco antilavado apunta hacia una relación más exigente entre empresas y autoridades, basada en mayor trazabilidad, transparencia y capacidad de respuesta. En este contexto, el cumplimiento no solo tendrá implicaciones legales, sino también operativas y reputacionales. PCG recomienda a las empresas a robustecer su estrategia de compliance antes de consecuencias notables al negocio.