A 19 años de que la Ciudad de México marcara un precedente nacional al despenalizar el aborto el 24 de abril de 2007, los avances en salud pública, derechos reproductivos y en la garantía de los derechos humanos con perspectiva de género son innegables. No obstante, su consolidación aún enfrenta retos importantes en los ámbitos social, cultural e institucional, coincidieron académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las transformaciones políticas y casos emblemáticos, evidencian las limitaciones del sistema jurídico. La Ciudad de México experimentó momentos significativos con la llegada de gobiernos de izquierda encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano y después por la economista Rosario Robles Berlanga, una llave que abrió la posibilidad de impulsar reformas en materia de libertad procreativa.
En ese periodo, el caso de la niña Paulina del Carmen Jacinto, víctima de violación sexual, expuso los obstáculos que enfrentan infancias y mujeres que han sido forzadas a continuar con un embarazo producto de una vejación.
Por ello, “su historia visibilizó las fallas institucionales y la urgencia de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho”, puntualizó en entrevista la doctora Elsa Ernestina Muñiz García, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco.
Tras la modificación de la ley en la capital, se logró reducir las prácticas clandestinas, mejoró el tratamiento médico y se avanzó hacia una atención médica regulada, “ahora existen protocolos de cuidados y registros que permiten dimensionar el fenómeno”, argumentó la experta.
En esa línea, añadió, “las cifras demuestran que en 2024 se registraron más de 12,000 consultas relacionadas con la interrupción del embarazo, de los cuales 4,313 corresponden a la Ciudad de México, donde 1.3 % son niñas menores de quince años», dijo.
La doctora Isis Rocío Santillán Ramírez, especialista en estudios feministas y académica de la Unidad Azcapotzalco, consideró que la legalización del aborto en la capital del país constituyó un hito que impulsó cambios en otras entidades. “Es un parteaguas que permitió que otras mujeres y entidades pugnaran por esta norma. No se trata solo de decidir sobre un embarazo, sino del reconocimiento integral de los derechos reproductivos”.
Las doctoras concordaron que, pese a los avances jurídicos, persisten desigualdades en el acceso a este servicio, sobre todo en contextos rurales o de alta marginación.
“Subsisten estigmas culturales que todavía ven a la maternidad como un mandato social, los cambios legales han sido más rápidos que los culturales, por las ideas y dinámicas que condicionan el papel de las mujeres en la colectividad”, acentuó la doctora Santillán.
Además, la falta de infraestructura clínica, la distancia geográfica y la desinformación limitan poder abortar en libertad, por lo que las investigadoras apelan a fomentar la educación sexual integral desde edades tempranas como una estrategia para prevenir la violencia y garantizar los derechos reproductivos.
Es importante incorporar estos contenidos en los sistemas pedagógicos y promover una visión que incluya la reflexión sobre las masculinidades, refirió la profesora Santillán. En el caso de las universidades, ambas entrevistadas reconocieron que las instituciones como la UAM tienen la responsabilidad de generar discernimiento crítico y contribuir a la formación de profesionales con perspectiva de género y derechos humanos.
Las especialistas indicaron que, si bien la despenalización del aborto se lee como un avance relevante, es necesario afianzar su implementación y trabajar en la evolución de los factores sociales que limitan su práctica.