El repunte de casos de sarampión en México reactivó las alertas sanitarias y evidenció una disminución constante en las coberturas de vacunación, un factor decisivo para controlar enfermedades prevenibles. Durante décadas, el país logró contener este padecimiento mediante campañas de inmunización, pero ahora enfrenta un escenario que exige atención, coordinación institucional y una respuesta desde la ciencia y la salud pública.
El doctor Pablo Francisco Oliva Sánchez, médico, epidemiólogo y profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que el brote actual no puede entenderse como un fenómeno repentino ni aislado; se trata del resultado de una disminución progresiva en las coberturas de vacunación por varios años.
“Antes de los años noventa, México alcanzaba coberturas cercanas al 95 % con esquemas completos de vacunación; ahora, de acuerdo con encuestas nacionales recientes, rondan el 71 %, muy por debajo del umbral necesario para considerar una enfermedad bajo control”, señaló en entrevista.
El especialista subrayó que el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas y, desde la perspectiva epidemiológica, un solo caso puede generar entre 12 y 18 contagios en personas susceptibles, lo que obliga a mantener coberturas altas para frenar la transmisión. “Cuando no se alcanza la inmunidad de grupo, el virus encuentra condiciones ideales para propagarse, y eso es lo que estamos viendo”.
Detalló que la vigilancia del sarampión se realiza a través del seguimiento de las enfermedades exantemáticas; es decir, aquellas que presentan erupciones en la piel, y con estos registros se confirman los casos mediante estudios de laboratorio y se identifican las cadenas de transmisión.
Aunque muchos brotes recientes se originaron en casos importados, el problema surge cuando el virus llega a poblaciones con baja protección inmunológica. “México había logrado interrumpir la transmisión autóctona desde 1995; el riesgo ahora es que estas cadenas vuelvan a establecerse si no se corrigen las brechas”, advirtió.
La Secretaría de Salud han reportado en lo que va del 2026 más de siete mil casos y 24 muertes; las poblaciones más afectadas son menores de edad y personas con sistemas inmunológicos débiles.
Respecto a los grupos más vulnerables, el especialista enfatizó que el riesgo no se limita a los infantes, jóvenes y adultos sin esquemas completos o sin certeza de su antecedente vacunal, ellas y ellos también pueden enfermar y desarrollar complicaciones graves. El sarampión puede provocar neumonías, diarreas, infecciones del oído, ceguera y encefalitis, una inflamación del sistema nervioso central que puede dejar secuelas neurológicas permanentes.
Otro aspecto que el especialista consideró relevante es la desinformación sobre las vacunas. Aunque México no presenta una cultura antivacunas tan marcada como otros países, los discursos erróneos que circularon durante la pandemia de COVID-19 han permeado en ciertos sectores de la población e incluso entre algunos trabajadores de la salud.
“La desinformación no solo afecta a la población en general; impacta en quienes deberían ser referentes de confianza. Combatirla requiere estrategias claras de comunicación”, puntualizó Oliva Sánchez.
Aseveró que la universidad pública tiene un papel central en este contexto, ya que además de formar profesionistas, puede generar evidencia científica sobre coberturas, percepción social de la vacunación y transmisión viral, así como apoyar la vigilancia y la divulgación basada en datos.
En cuanto a las acciones urgentes, el académico enfatizó que se debe mejorar la cobertura en campañas de inmunización de manera uniforme, fortalecer la distribución de biológicos, aumentar el financiamiento a la salud pública y reforzar la vigilancia de casos importados. Todo ello debe acompañarse de voluntad política para aplicar políticas sustentadas en evidencia científica ya disponible.
Vacunarse es una decisión individual con consecuencias colectivas. “La inmunidad de grupo protege a quienes no lo hacen y reduce la transmisión. Es un acto de responsabilidad social”, concluyó.