Se dio a conocer que el gobierno del Estado de México, a través del Programa Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, benefició a 295 mil personas en 2025 con un ahorro de 236.8 millones de pesos al acercarles más de 125 trámites y servicios gratuitos o con descuentos en sus pagos.

Al respecto, Jesús George Zamora, consejero jurídico del Edomex, señaló que este programa ha otorgado más de 843 mil trámites y servicios. Y este año amplió su cobertura al incorporar una tercera Caravana que permite asistir a tres municipios simultáneamente cada semana; además aumentó a 125 los servicios que ofrecen las 31 dependencias estatales y federales que participan.

Explicó que el trámite que generó mayor ahorro para la población fue el del testamento, con 17 mil 238 entregados de forma gratuita, con ello se evita el gasto de 4 mil pesos por documento, el cual se realiza en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de México.

En estas jornadas, la población mexiquense recibió de forma gratuita la expedición de 205 mil copias certificadas del Registro Civil, se realizaron más de 6 mil 900 matrimonios y se proporcionó asesoría jurídica.

En 2025 se incorporaron a estas Caravanas las dependencias federales de Bienestar, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el Registro Nacional de Población, Infonavit, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto Federal de Defensoría Pública.

A través de este programa, la población mexiquense también puede tramitar licencias de conducir y obtener el certificado de manejo de motociclistas; recibir atención y orientación en temas como violencia de género; iniciar procesos de sucesión intestamentaria, sucesión testamentaria, cancelación de hipoteca; y servicios de mediación y conciliación que brinda el Poder Judicial de la entidad, entre otros.

Desde enero de 2024 a la fecha ya se visitaron los 125 municipios mexiquenses, algunos de ellos en dos o tres ocasiones, con un total de 246 visitas; se da prioridad a los lugares más alejados de los centros administrativos, para que la justicia social sea equitativa, inclusiva e igualitaria.

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