Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental (POLEA), María Fernanda Armijo. Asesora Legal en POLEA; e Ilana Villanueva, Asesora en POLEA, indicaron que en el caso del trabajo de las comunidades en la Sierra Gorda de Querétaro, “reconocemos que se trata de una región prioritaria por su alta diversidad biológica y cultural. Es importante señalar que, de acuerdo con datos del CONEVAL, esta zona presenta una proporción de población en situación de pobreza significativamente superior al promedio nacional. En este contexto, la declaratoria de Reserva de la Biósfera no ha logrado detener la degradación ambiental ni garantizar la implementación de un programa de manejo que genere beneficios tangibles para las comunidades locales.
Enfatizó que diversos estudios han documentado que la economía regional de la Sierra Gorda enfrenta una crisis prolongada, caracterizada por la escasez de empleos formales y la migración de jóvenes hacia las ciudades. Ante esta realidad, resulta indispensable repensar las estrategias de desarrollo regional y construir un modelo de manejo que, además de conservar la biodiversidad, promueva el bienestar social y económico de la población que habita la reserva. Solo a través de un enfoque verdaderamente integrador, será posible armonizar la conservación ambiental con la justicia social en la región.
En el caso nacional de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) que funcionan en México como instrumentos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Enfrentan múltiples desafíos que limitan su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.
Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reconoce a la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro como un Área Natural Protegida (ANP) de competencia federal decretada en 1997, que representa el 32 por ciento del territorio queretano –383,567 hectáreas–.
Las funciones de una reserva de la biósfera se caracterizan por tener tres funciones principales: conservar la diversidad biológica y cultural, promover un desarrollo económico que sea sostenible y asegurar al área un apoyo logístico que implica educación e investigación, según la UNESCO.
En los últimos años, los recortes presupuestales a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) han afectado de manera significativa la gestión de las más de 99 millones de hectáreas que integran el sistema federal de ANPs, sin considerar la superficie adicional bajo protección estatal, municipal o comunitaria. La insuficiencia de recursos financieros se traduce, entre otros efectos, en carencia de personal operativo, ausencia o desactualización de programas de manejo y la limitada capacidad para el monitoreo, la vigilancia y la atención a conflictos socioambientales.
A ello se le suman presiones derivadas de intereses económicos, como la presencia de concesiones mineras y actividades de extracción ilegal de especies dentro de los polígonos protegidos. Además, la declaratoria de un ANP no garantiza por sí misma la detención de procesos de fragmentación del hábitat, pérdida de biodiversidad o alteración de ecosistemas, ni asegura mecanismos efectivos de consulta, transparencia y acceso a la información para las comunidades que habitan en estos territorios.
En resumen, las ANPs han demostrado ser un modelo exitoso de conservación cuando cuentan con respaldo institucional, financiamiento adecuado y participación social efectiva. Para fortalecer su funcionamiento, es indispensable que su creación y gestión vayan acompañadas de asignación suficiente de recursos humanos y financieros, así como de procesos participativos que integren las necesidades, la cultura y el contexto de las comunidades locales. Solo mediante esta visión integral se podrá garantizar la efectividad y legitimidad de las ANPs como pilares de la política ambiental del país.
En México, las NDCs reconocen el papel de los ecosistemas forestales en la mitigación y adaptación, pero aún es necesario fortalecer el marco jurídico e institucional para asegurar que las comunidades sean parte activa de su implementación.
QUE ES LA SIERRA GORDA DE QUERÉTARO
Sierra Gorda, es un área natural ubicada al norte del estado de Querétaro, la Reserva está conformada por cinco municipios: Landa de Matamoros, Jalpan, Arroyo Seco, Pinal de Amoles y Peñamiller.
La extensión de la región se integra de 384,000 hectáreas, donde se ubican 638 comunidades y donde el 97 por ciento de los pobladores son dueños de la tierra.
La Reserva de la Biósfera alberga los ecosistemas más importantes de México que cubren menos del 1 por ciento de su superficie, pero albergan el 12 por ciento de su flora y el 33 por ciento es endémica.
Además, cuenta con 2,400 especies de plantas vasculares; 11 especies de mamíferos; seis especies de felino; osos negros; 246 especies de aves; especies endémicas y 134 especies de anfibios y reptiles. Se estima que son entre 10 y 15 especies que están en peligro de extinción y que son endémicas de la zona, como son el chamal y la chaca.