Los bloqueos carreteros realizados por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y diversas organizaciones campesinas confirman la profundidad del problema de seguridad y económico que se extiende por todo el país. Por ello, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) subraya la urgencia de atender una problemática que se ha vuelto insostenible.
De acuerdo con el sondeo realizado entre los Centros Empresariales de COPARMEX, 33 de 55 ciudades participantes reportan afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave.
Se informa que se respaldan las demandas planteadas por transportistas y productores agrícolas, quienes enfrentan diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo su integridad y su patrimonio. Su llamado a contar con condiciones mínimas de seguridad para trabajar es legítimo y refleja una realidad que se ha normalizado a niveles inaceptables.
La inseguridad en carreteras no solo afecta al transporte de carga; compromete la operación de cadenas productivas, incrementa costos logísticos, deteriora la competitividad regional y coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales. Sin rutas seguras no hay abastecimiento confiable, y sin abastecimiento confiable se frenan la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico.
A esto se suma la ausencia de instituciones financieras que realmente apoyen al campo, pues hoy no existen créditos adecuados para sembrar ni instrumentos que permitan a los productores sostener su actividad frente al incremento de costos y la volatilidad del mercado.
El desafío exige coordinación real. Por ello, se llama al la Federación y a los gobiernos estatales a trabajar juntos en un esquema inmediato que incluya vigilancia efectiva en tramos de alto riesgo, atención a denuncias por extorsión, operación funcional de trámites indispensables para el transporte de carga y mecanismos de conciliación que involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas.
También se reitera el llamado firme al gobierno Federal para ofrecer soluciones efectivas a la crisis que enfrentan productores agrícolas en distintos estados, particularmente por el precio pagado por la tonelada de maíz, el cual no cubre los costos necesarios para sostener la operación de los agronegocios.
Se solicita que las autoridades instalen una mesa nacional de diálogo con participación de los sectores afectados y con una representación equilibrada de los estados donde la situación es más grave.