La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que algunas de las modificaciones a la Ley de Amparo debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar del Estado de Derechos en México y de la defensa ciudadana.
La central patronal afirma que han solicitado formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la República está organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo.
“Representamos a miles de empresas en todo el país y consideramos indispensable que se escuche y atienda nuestra voz para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo. Nuestra participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derechos”, se detalló en comunicado de prensa.
Se detalló que los cambios de la Ley de Amparo proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo. Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos.
La COPARMEX enfatiza que el juicio de amparo consolidado en la Constitución de 1917, ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad. México fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania.
Las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.
El interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas, limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional. Si se restringe el interés legítimo, se corre el riesgo de que normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie podría impugnarlas en representación del colectivo, se denunció.
En el ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco.
Además, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial.
Por ello, la COPARMEX hizo un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con la sociedad civil, organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como un derecho accesible a todos los ciudadanos.