La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que su iniciativa de reforma a la Ley de Amparo no es contrario a la sociedad y es falso que se busque beneficiar a instancias oficiales, agregó que, tiene el propósito que haya una justicia más expedita y garantizar el derecho ciudadano a interponer amparos frente a decisiones de la autoridad.
Expuso que se plantea que “el sistema judicial sea más expedito. Vamos a ponerlo así, que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso y eso tiene que ver con varias leyes y sus tiempos para poderlo hacer mucho más rápido”.
En su conferencia mañanera mencionó que el gobierno federal busca reducir los tiempos de los litigios de los deudores fiscales. Se hizo acompañar fe Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, quienes explicaron los cambios que propone la reforma a la Ley de Amparo, que se encuentra en el Senado.
Los funcionarios federal negaron que se trate de limitar el derecho a la defensa, pero sí que se excedan los abusos de la defensa, entre ellos en los casos de deudores fiscales, que suelen extenderse por años pese a que la Corte o un Tribunal Colegiado dictó un monto de crédito fiscal que debe ser cobrado, se ejemplificó.
“Esta reforma no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia. Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos, es impunidad”, afirmó Ernestina Godoy.
Mientras que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rechazó las versiones de que la reforma sea regresiva y que se busque limitar el acceso a la defensa de los mexicanos, sino que lo que se busca es hacer un juicio más ágil.
«Hay que aclarar porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital», enfatizó.
«La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación. Ni se limita ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente», explicó.
Ambos funcionarios expusieron los beneficios de la reforma en materia de amparo, que actualmente está en el Senado de la República:
Acelerar los procesos judiciales: máximo seis meses en materia tributaria y cuatro meses en materia penal.
Incorporar justicia digital y reglas claras para el cumplimiento de sentencias.
Evitar el uso excesivo de suspensiones que alargaban juicios, especialmente en materia fiscal.