En México, la pobreza se ha reducido de forma significativa en los últimos años. Según el INEGI 2024, 38.5 millones de personas viven en diferentes tipos de pobreza. Aunque sigue siendo alarmante, son 13.7 millones menos que en 2016. Dicha reducción es un logro que debe celebrarse. Pero hay retos que aún permanecen y deben reconocerse, indica la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Aunque la pobreza disminuyó, la vulnerabilidad por carencias sociales creció. En 2024, 41.9 millones de personas —32.2 por ciento de la población— enfrentaron al menos una carencia. La más común es la falta de seguridad social (48.2 por ciento), seguida de acceso a servicios de salud (34.2 por ciento) y alimentación nutritiva y de calidad (14.4 por ciento).
Además, la disparidad regional permanece. Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de entidades con mayor porcentaje de personas en pobreza, al registrar tasas de 66, 58.1 y 51.6 por ciento de su población en pobreza, respectivamente.
La Coparmex informó que se apoya el aumento gradual y responsable del salario mínimo. En 2016, este apenas alcanzaba 73.04 pesos diarios y cubría solo el 74 por ciento de la línea de la pobreza individual. Por ello, se propuso la Nueva Cultura Salarial con una primera meta: que ningún trabajador formal permaneciera en pobreza por su salario. Esta meta se alcanzó para la fijación de 2019, cuando la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), de forma tripartita, aprobó un incremento histórico de 16.21 por ciento.
Este impacto también se refleja en los hogares: entre 2016 y 2024, el ingreso total creció 11 por ciento en términos reales, impulsado por el ingreso laboral, que hoy representa el 66 por ciento del ingreso familiar. Este avance confirma que el trabajo formal y bien remunerado es la vía más sólida para reducir la pobreza. Actualmente, el salario mínimo general cubre el 90 por ciento de la línea de bienestar familiar, equivalente al doble de la línea de pobreza individual.
A pesar de los avances en ingresos, persisten desafíos estructurales importantes. Uno de los más graves es el aumento de la población vulnerable por carencias sociales: personas que, aunque superan la línea de pobreza, enfrentan al menos una carencia en derechos sociales.
La principal carencia sigue siendo la seguridad social, que afecta al 48.2 por ciento de la población y ha crecido en entidades como San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Puebla. Le sigue el acceso a servicios de salud, que afecta al 34.2 por ciento de la población. Aunque bajó 4.9 puntos desde 2022, aumentó 18.6 puntos porcentuales con respecto a 2016, lo que equivale a cerca de 26 millones de personas más sin cobertura. El cambio del modelo de atención en salud para población sin seguridad social, ha sido el factor clave en este retroceso.
El empleo formal es la principal fuente de ingreso y la vía de acceso a servicios de salud y seguridad social para la población en todos los niveles económicos. En los últimos años ha mostrado un crecimiento importante, fruto del esfuerzo cotidiano de las personas, del compromiso de las empresas con el pago de salarios y de las políticas laborales que, desde 2016, han fortalecido la cultura salarial y elevado de manera sostenida el salario mínimo. Por ello, se detalla que el sector empresarial seguiremos apoyando la recuperación del salario mínimo general, conforme a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Para construir una economía inclusiva con crecimiento equitativo y sostenido. se requieren cinco líneas de acción: Generar empleos de calidad con remuneraciones suficientes; Incorporar a más mujeres y jóvenes al mercado laboral formal; Impulsar cooperativas y negocios de economía social que fortalezcan el tejido productivo local; Garantizar educación y servicios de salud con calidad y equidad; Mejorar la distribución de programas de transferencias, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan; y Propiciar condiciones de certeza jurídica y seguridad que promuevan la inversión y la generación de empleo.