Ante el próximo inicio del ciclo escolar, programado al 1 de septiembre, la diputada federal por el PVEM, Celia Fonseca hizo hincapié en que actualmente, muchas escuelas carecen de instalaciones físicas adecuadas para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidades, pues apenas dos de cada diez primarias y secundarias en el país (23.14 por ciento), cuentan con infraestructura adaptada.
Con esta situación, precisó la legisladora, se ven afectados más de 1 millón de jóvenes menores de 29 años que demandan una educación acorde a sus condiciones y contextos.
Puntualizó que persisten brechas significativas que afectan el acceso y la calidad educativa, especialmente para las niñas, niños y adolescentes que enfrentan barreras debido a discapacidades o a la falta de infraestructura adecuada.
Recordó que presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
El propósito fundamental de esta iniciativa, es garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad, inclusiva y digna, conforme al mandato de igualdad que establece la Constitución.
Dijo que es imperativo fortalecer sus disposiciones para que el Estado tenga la obligación expresa de garantizar espacios físicos e inmobiliarios accesibles, seguros y adaptados a las diversas necesidades de las niñas y niños, incluyendo rampas de acceso, mobiliario ergonómico, recursos tecnológicos y otros apoyos esenciales, apuntó.
Sin embargo, a pesar de los desafíos, la inversión en infraestructura educativa y accesibilidad no ha sido suficiente para subsanar los daños y carencias exacerbados por la pandemia en las escuelas.
Principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán las carencias son aún más críticas, pues en dichas entidades, ni siquiera 10% de las escuelas de nivel primaria y secundaria tienen accesibilidad, señaló.
Por ello, es importante asegurar que se cuenten con los espacios físicos e inmobiliario adecuados para las personas que lo requieran, en especial para aquellas con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o trastornos.
Contar con infraestructura accesible y universal, incluyendo rampas, pasamanos, elevadores, baños adaptados, señalización en braille, pisos táctiles y sistemas de alerta visual y sonora.