La consultora en investigación a regional dio a conocer su estudio anual de transparencia en gasto en salud de los 32 Estados, señalando que el número de estados que mostraron un Alto nivel de transparencia es encabezando por Guanajuato con 91.79 puntos, seguido por Sinaloa, Jalisco, Querétaro (77.10 por ciento) y Aguascalientes.
Querétaro, es el segundo estado en crecimiento de transparencia, en más de 17 puntos, solo detrás de Aguascalientes con 34 puntos porcentuales de un años a otro. Igualmente es la entidad número dos nacional en cumplimiento de la ley en gastos en salud, solo detrás de Ciudad de México, así como delante de Sinaloa.
En el apartado de Mecanismos de Control para conocer el inventario sobre los medicamentos del sector salud estatal, Querétaro es uno de los cinco estados con leyes respectivas junto con Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Además es uno de los 7 gobiernos con alguna certificación de calidad en salud y gasto económico, junto con Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
En contraste, Yucatán, fue el único estado con suficiente transparencia con 66.85 puntos, mientras que más del 80 por ciento, esto es, 26 estados, mantienen una puntuación reprobatoria en la disponibilidad de la información del gasto en salud evaluada en el estudio.
Entre los estados reprobados en el “Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas” (ITGSEF 2025) de aregional, se encuentran en primer lugar, Campeche, Sonora, San Luis Potosí, Morelos, Tabasco, Colima, Puebla, el Estado de México, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Nuevo León e Hidalgo que no rebasan el promedio del 2025 de 44.93 puntos. Seguidos por la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Zacatecas que se colocan entre 51.15 y 44.98 puntos.
Aunque el estado de Guanajuato pierde puntuación en esta edición con 91.79 puntos, se mantiene por sexta ocasión en el primer lugar de los estados Transparentes, es decir, de los gobiernos donde las Secretarías de Salud en el periodo de marzo y abril de este año, cumplen con el ejercicio de transparencia proactiva en la presentación de información fiscal y financiera.
Sinaloa, recuperó casi 5 puntos de los 15 perdidos en la evaluación anterior y logró escalar a la segunda posición con 84.08 puntos, seguido por Querétaro y Aguascalientes que priorizan documentos en formato abierto en sus diversos micrositios, presentan información actualizada y rinden cuentas del ejercicio del gasto público.
Para la consultora, la rendición de cuentas del gasto en salud en los estados del país agoniza, pues en relación con el 2024, este año disminuyó 0.45 puntos, es decir, una cifra reprobatoria en la disponibilidad de información fiscal al ubicarse el promedio nacional en 44.93 puntos, que evidencia el desinterés de los responsables de esta área en hacer pública la información.
De acuerdo con los resultados del “Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas” (ITGSEF 2025) de aregional el porcentaje de los estados que se colocaron por debajo del promedio nacional incrementó 6.25 puntos porcentuales y 22 estados se ubicaron con puntuaciones menores de 44.93 es decir, el 68.75 por ciento, mientras que en 2024 fueron 20.
Además, 23 Organismos de Salud de las entidades federativas, no publicaron en sus sitios oficiales el Programa Anual de Adquisiciones (PAA) de 2025, sólo presentaron el documento Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tabasco, a pesar de su importancia por ser la directriz de planeación bajo la que se establecen las compras que se realizarán a lo largo del año fiscal.
La consultora aregional urgió a los gobiernos estatales que no están abonando a la transparencia con la información pública, rindan cuentas con la publicación y/o exposición de datos, documentos y estadísticas que cumplan los criterios de actualidad, oportunidad, comprensibilidad y calidad para incrementar su usabilidad por parte de los ciudadanos y cualquier persona interesada en ejercer su pleno derecho de acceso a la información.