La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) informó estar convencida que México no necesita una nueva legislación electoral y conmina a los senadores a no atentar contra los derechos político-electorales conquistados por los ciudadanos ante la posible discusión y aprobación de las reformas restantes que integran el Plan B.
También llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, tras la revisión de las acciones de inconstitucionalidad del “Plan B”, se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en la Constitución.
Como empresarios pero, sobre todo, como ciudadanos, insistimos en que -tanto las actuales instituciones que organizan las elecciones como los procesos que se llevan a cabo para hacer posible la participación ciudadana libre e informada en periodos electorales- funcionan y cumplen su objetivo de brindar certeza a los ciudadanos en los periodos pre y postelectorales. Son resultado de una lucha ciudadana por décadas y que han demostrado ser exitosas durante los últimos 30 años, se divulgó en un comunicado de prensa.
Antes de que se retome el proceso legislativo de los decretos que modifican distintas leyes en materia electoral, se hace un último y enérgico llamado al Senado para que atiendan con responsabilidad las implicaciones que, tal como lo señaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tendrán estas reformas en la celebración de elecciones libres.
Los ciudadanos serán los más perjudicados con el Plan B: Se pone en riesgo la posibilidad de tramitar o reponer su credencial de Elector, se desmantelaría la estructura de Módulos del INE, se despediría a cerca de 2,000 funcionarios del INE que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen las casillas y cuenten los votos, afectaría la confiabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
La Coparmex reitera que, si bien las normas son perfectibles, éste no es el momento de una nueva ley o legislación electoral, sobre todo, porque de aplicarse las modificaciones propuestas, generarían incertidumbre en todo el proceso electoral de 2024 en el que se tiene prevista la participación de por lo menos 95 millones de mexicanos para renovar, entre otros cargos, la Presidencia de la República, Diputados y Senadores, Congresos Estatales así como nueve gubernaturas.
“Coincidimos con el análisis de los consejeros del INE que señala puntualmente las afectaciones que habría al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) y a la democracia debido, entre otros aspectos, a la desaparición de vocales en las juntas distritales, lo que tendría como consecuencia la disminución del número de casillas instaladas poniendo en riesgo la elección e incluso podría darse la anulación”, se informó.