Aunque algunas naciones comienzan a adoptar el enfoque de derechos humanos en materia de desplazamientos originados a consecuencia del cambio climático, aún se requiere trabajar más en garantizar el acceso a la justicia y las garantías básicas de las personas, coincidieron especialistas universitarios.
Luego de reconocer que el tema no tiene los mismos orígenes en cada región, Rosalía Ibarra Sarlat, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Armelle Gouritin, catedrática Conacyt-FLACSO, y Beatriz Felipe Pérez, de la cooperativa CICrA Justicia Ambiental, enfatizaron que se requieren mejores marcos legales que impidan que los ciudadanos sean revictimizados al momento de movilizarse.
Ibarra Sarlat destacó que se trata de una realidad: el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), reportó que en 2020 hubo 40.5 millones de nuevos traslados, de los cuales 30.7 millones lo hicieron por eventos naturales, en 149 países.
Jurídicamente, acotó, esta situación es abordada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que promueve una adaptación en las naciones porque se tienen impactos irreversibles, antes de que los desplazamientos migratorios sean más frecuentes.
La también coordinadora del Diplomado de Derecho, Cambio Climático y Gobernanza en el IIJ, expuso: este tópico es reconocido en la COP16, en los acuerdos de Cancún, cuando se estableció que los países tienen la obligación de tomar las acciones necesarias para reducir los riesgos generados por el cambio climático y evitar en lo posible los desplazamientos.
Acotó que las medidas fueron retomadas en el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático (2013), que ofrece apoyo financiero, orientación, fomento de capacidades, asistencia técnica y tecnológica a las naciones más pobres que se ven afectadas.
En 2015, los Acuerdos de París adoptaron el Mecanismo, pero no aceptan ni condicionan ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización para los afectados.
A su vez, Gouritin, catedrática del Conacyt en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), agregó que en 2018 el Banco Mundial estimó que para el 2050 en México habrá 3 millones de desplazados climáticos: es decir, la población equivalente al estado de Aguascalientes.
Las ciudades en la frontera norte del país serán los principales destinos como Tijuana, Ciudad Juárez y el Valle de México, por lo cual no hay que considerar el desplazamiento interno e internacional de manera separada.