No hay transición energética justa ni acción climática efectiva si no se reconoce a las comunidades como actoras centrales, no sólo como beneficiarias. Escuchar sus voces, apoyar sus procesos organizativos e invertir en sus capacidades es fundamental para sostener los beneficios ambientales, sociales y económicos que nos brindan, declaró Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental (POLEA).
Detalló que México ha avanzado en el reconocimiento del papel de las comunidades en la gestión ambiental, pero la brecha entre el marco legal y la práctica sigue siendo considerable. “Si bien nuestro país cuenta con instrumentos importantes —como la ratificación del Acuerdo de Escazú y diversos mecanismos de participación social—, en la realidad muchas comunidades continúan enfrentando obstáculos para incidir efectivamente en las decisiones que afectan sus territorios”.
En comparación con otras naciones de América Latina, México se encuentra en una posición intermedia: no es de los contextos más críticos, pero tampoco figura entre los casos con mayor inclusión efectiva. Países como Costa Rica o Uruguay muestran avances en participación y gobernanza ambiental, mientras que otros como Guatemala o Colombia han desarrollado mecanismos más directos de financiamiento o representación indígena. Sin embargo, en toda la región persisten desafíos estructurales similares: marcos sólidos en el papel, pero implementación desigual y, en muchos casos, altos niveles de riesgo para las y los defensores ambientales.
En el caso mexicano, la exclusión no responde a una falta de capacidad local, sino a estructuras institucionales que aún concentran los recursos y las decisiones en niveles gubernamentales o en grandes proyectos, limitando la llegada del financiamiento y la toma de decisiones a quienes realmente protegen los ecosistemas. Superar esta brecha exige fortalecer la gobernanza territorial y garantizar que las comunidades sean socias plenas —no solo beneficiarias— de las políticas ambientales y climáticas.
Subrayó la necesidad de colocar a las comunidades en el centro de la acción climática. No como observadoras ni beneficiarias, sino como actoras clave. Ejemplificó que el Banco Mundial señala que aunque los pueblos indígenas y las comunidades locales representan cerca del 8 por ciento de la población en América Latina y gestionan una parte significativa del territorio y los recursos naturales, siguen recibiendo apenas una fracción del financiamiento internacional destinado al combate del cambio climático.
Según datos citados por la organización Conservación Internacional México, alrededor del 60 por ciento de las selvas y 39 por ciento de los bosques de México se encuentran en regiones indígenas. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) informó que trabaja con 53 pueblos indígenas que contribuyen a la preservación de bosques y selvas.
Esta brecha evidencia la urgencia de consolidar su participación en la política pública y de fortalecer los espacios de formación, articulación y financiamiento justo que permitan escalar sus soluciones y asegurar que su conocimiento ancestral sea reconocido como una pieza esencial de la acción climática.
Las comunidades territoriales desempeñan un papel fundamental en la acción climática; integrarlas en las políticas nacionales y subnacionales aumenta significativamente las posibilidades de alcanzar las metas climáticas y, en consecuencia, de que los países cumplan con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), que son los compromisos asumidos por cada país para reducir sus emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático de acuerdo con las metas del Acuerdo de París.
Por ello, es fundamental impulsar la colaboración entre los gobiernos y los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) para fortalecer las NDCs. Los gobiernos deben asegurar que los marcos de planificación climática y de desarrollo nacional promuevan una participación activa y significativa de los PICL en todas las etapas del proceso de toma de decisiones.
Esta colaboración deberá traducirse en la incorporación de prácticas y tecnologías tradicionales dentro de las NDC, reconociendo tanto la capacidad de sus territorios para reducir emisiones, como su profundo conocimiento sobre la gestión sostenible de la tierra.
El reconocimiento y fortalecimiento de las soluciones comunitarias permitirá equilibrar la narrativa global del cambio climático con una perspectiva local, socialmente justa y ambientalmente responsable.