El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2024, detallando que en el año mencionado, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental (CTADA) ascendieron a poco más de 1.38 billones de pesos corrientes, monto equivalente a 4.1 por ciento del PIB total de la economía.
En 2003, los CTADA representaron 6.0 por ciento del PIB. Por componentes de los CTADA, los costos por agotamiento representaron 0.4 por ciento, mientras que los costos por degradación, 3.7 por ciento.
Los mayores costos ambientales correspondieron a la degradación del medio ambiente, como las emisiones al aire. Estas generan un impacto equivalente a 2.5 por ciento del PIB. Siguió la degradación del suelo, con 0.6 por ciento. En cuanto a la pérdida de los recursos naturales, el mayor costo fue el de los hidrocarburos.
En cantidad de costos económicos por subsector se detalla que por hidrocarburos son 66,319 millones de pesos, por recursos forestales de 40,848 millones de pesos, por agua subterránea de 36,853 millones de pesos. Por degradación de suelos de 212,348 millones de pesos, por residuos solidos de 124,438 millones de pesos y aguas residuales de 68,799 millones de pesos.
Por su parte, en 2024, los gastos en protección ambiental del gobierno sólo ascendieron a
232,882 millones de pesos, equivalentes a 0.7 por ciento del PIB total de la economía. Este porcentaje resultó similar al de 2023.
Los gastos en protección ambiental total del sector público, de acuerdo con la Clasificación de Actividades Ambientales de Naciones Unidas, se distribuyeron mayormente en un 32.2 por ciento para protección de calidad del aire; 20.8 por ciento en agua; 11 por ciento en aguas residuales y 10.3 por ciento en gestión de residuos.
El restante 36.0 por ciento se erogó en actividades diversas, como la gestión de residuos, la protección y conservación de la biodiversidad, cuerpos de agua y suelo, gestión de recursos minerales, energéticos y acuáticos, así como en actividades transversales, como investigación y desarrollo, educación y gestión de la protección ambiental.